Opinión

El árbitro en crisis

 
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INE

Estos últimos días hemos sido testigos de 'confesiones' en las que se afirma que el resultado electoral de 1988 no fue producto de la voluntad popular.

Este hecho histórico que derivó en una grave crisis política se suma a un clamor democrático que lleva a la creación del IFE en 1990 terminando así con el control gubernamental de la organización, proceso, conteo y calificación de los comicios por parte de un aparato controlado por un partido hegemónico.

Si bien en un principio el organismo no era autónomo, en 1994 se ciudadaniza y otorga certeza y transparencia a los procesos electorales, pasando sus primeras pruebas en las elecciones federales intermedias de 1997 y en la llamada histórica elección de la alternancia en el año 2000.

El 10 de febrero de 2014, como producto de una negociación política en el marco del Pacto por México, se contempla una reforma al IFE para dar paso al INE, y con ello surge una nueva relación entre autoridades locales y el árbitro federal en materia de elecciones, bajo el argumento de la intromisión de autoridades locales en los procesos.

Así, se le otorga al INE la facultad de no sólo trabajar de manera conjunta con la autoridad local, sino además la obligación de impartir la capacitación electoral; de determinar la geografía electoral; trabajar en el padrón y la lista de electores; determinar la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; dar los lineamientos para los resultados preliminares; fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos locales y además remover a los propios consejeros evaluados y electos por los consejeros del INE, así como la facultad de atraer la organización de todo el proceso electoral.

El INE tiene así mayores facultades, pero según la última encuesta de GEA-ISA (junio 2017) 45 por ciento de los ciudadanos desaprueba la labor realizada por el INE, y 49 por ciento cree que no garantiza la imparcialidad en las próximas elecciones federales y 42 por ciento considera que no cumple su función.

Con la reforma de 2014, se establecieron en la Constitución las causales de nulidad, entre las que destaco la que establece que los candidatos no deben exceder los gastos de campaña en 5.0 por ciento del monto autorizado y comprobar que lo anterior fue determinante en el resultado, y siendo el INE el encargado de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos en los procesos federales y locales.

De ese tamaño son las facultades del INE, la voluntad popular pasa por un árbitro que debe otorgar según la ley: objetividad, certeza, máxima publicidad, legalidad, independencia e imparcialidad y yo añadiría su necesaria austeridad.

Sin embargo, el INE no ha coadyuvado a profundizar nuestra democracia, elevar su calidad y abaratar efectivamente nuestros altamente competidos y complejos procesos electorales (volver a hacer una elección por omisiones de la autoridad debería implicar su remoción).

La actuación de sus consejeros y sus discrepancias públicas ponen en duda su eficiencia y su imparcialidad, esto es muy grave frente a la elección que de suyo ya es compleja, mala señal para el 2018.

Twitter: @SamuelAguilarS

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