Opinión

El año de Hidalgo

   
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Ejército, Quecholac, Puebla

Este 2017 será sin lugar a dudas el año más violento en la historia reciente del país. Cerraremos con más de 18 mil ejecuciones, un incremento de 50 por ciento respecto de 2016. La crisis es particularmente grave porque la violencia y la inseguridad se dispararon en prácticamente todo el territorio –no sólo en algunos estados como había ocurrido en el pasado–. La explosión de la violencia ha sido particularmente severa en estados donde el turismo es la principal actividad y supone un riesgo real de colapso económico (en Baja California Sur, por ejemplo, las ejecuciones prácticamente se triplicarán en 2017 con respecto de 2016). El año concluye también con un motivo de profunda discordia: el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior la semana pasada. Más allá de algunos cambios cosméticos, las principales exigencias de activistas y organizaciones de la sociedad civil fueron ignoradas.

Nada parece indicar que podamos esperar algo mejor para 2018. Los tomadores de decisiones estarán demasiado ocupados los próximos meses con la contienda electoral, y con su futuro personal. Habrá un margen muy limitado para impulsar soluciones de fondo a los desafíos que presenta el crimen organizado y la ausencia de instituciones civiles capaces de hacerles frente. El año de Hidalgo se perfila también como un año de parálisis.

En esta coyuntura vale la pena voltear al pasado y preguntarse qué fue lo que salió mal. En 2012, cuando se observaba un cierto mejoramiento de los principales indicadores de seguridad, Enrique Peña Nieto eligió no darle demasiado peso al tema dentro de su campaña. Su principal propuesta, crear una Gendarmería con decenas de miles de elementos, fue una mera ocurrencia que se quedó en una modesta ampliación de la Policía Federal. Por otra parte, Peña Nieto recurrió a los 'compromisos' como una fórmula para generar un vínculo con votantes de todo el país. Los compromisos de Peña Nieto hoy son un ejercicio prácticamente olvidado, pero en su momento recibieron bastante atención. En la mayoría de los casos, estos compromisos no eran grandes propuestas de política pública, sino acciones acotadas al ámbito local y a la atención de las necesidades más inmediatas de la población (por ejemplo, un hospital, una carretera, o un sistema de agua potable).

Resulta curioso que, de un total de 266 compromisos, Peña Nieto sólo firmara seis en materia de seguridad. De éstos, tres consistían básicamente en dejar al Ejército en las calles. En Guerrero, Nuevo León y Veracruz, Peña hizo la misma promesa: garantizar la permanencia de las Fuerzas Armadas. Eso sí, sólo “hasta tener condiciones de orden y paz”. Pudiendo haber prometido cualquier cosa, es elocuente que su equipo de campaña haya ofrecido presencia militar.

La semana pasada, el académico Alejandro Madrazo tuvo una intervención que seguramente pasará a la historia como la crítica mejor articulada a la Ley de Seguridad Interior. Madrazo dio cátedra y expuso con lucidez el origen oscuro y el carácter engañoso de la redacción de la flamante ley. También propuso una alternativa desde una perspectiva legal: desechar el eufemismo del concepto de seguridad interior, y recurrir al concepto más honesto del “estado de excepción” para reconocer el carácter anómalo de la presencia del Ejército en las calles.

Sin embargo, no basta con una alternativa legal, la militarización de la seguridad pública, a la que apostó Calderón y a la que se resignó Peña Nieto, es también el reflejo de una realidad política. Por un lado, a pesar de los abusos y excesos, las Fuerzas Armadas siguen gozando de un enorme prestigio. De acuerdo con la última edición de la ENVIPE, 51 por ciento de los mexicanos le tiene “mucha” confianza a la Marina y 44 por ciento al Ejército. En contraste, menos de 10 por ciento confía mucho en su Policía Estatal. Por otro lado, para construir instituciones civiles sólidas los cambios en los programas de reclutamiento y capacitación, las mejoras salariales, y las otras soluciones que se han intentado, son condición necesaria, pero no suficiente. También es indispensable poner fin al sometimiento de las autoridades civiles ante intereses criminales. Mientras los ciudadanos sepan que su policía recibe órdenes de un grupo criminal violento, el retiro de las Fuerzas Armadas seguirá siendo el peor escenario posible.

El próximo año la seguridad pública será el tema ineludible en las campañas. Cuando estén ante los reflectores nacionales, los candidatos seguramente ofrecerán más que la simple permanencia del Ejército. Habrá buenas intenciones, ocurrencias y la demagogia (prometer más gasto social, más elementos, más recursos o hasta nuevas corporaciones). Sin embargo, habrá que ver si alguno de los candidatos se toma la molestia de conocer el fenómeno delictivo en distintas regiones, o si aprovecha la plataforma para denunciar las redes de corrupción y complicidad que existen en prácticamente todas las instituciones de seguridad pública del país.

Twitter: @laloguerrero

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