Opinión

El “Abusómetro” y el derecho a aprender

Jennifer O’Donoghue

Directora de Investigación en Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

Twitter:@Mexicanos1o


Esta semana regresaron a sus escuelas casi 26 millones de niñas, niños y jóvenes en todo México. Es una época de bastante movimiento, un poco de estrés y de gran ilusión; todos hacemos nuestro mejor esfuerzo (público y familiar) para que nuestros hijos aprendan algo nuevo, para que aprendan a aprender y para que puedan “ser alguien en la vida”.

Sin embargo, en estos momentos no debemos dejar de ver a los que todavía no llegan. Tristemente, tres de cada cuatro niños de tres años aún se quedan fuera de la escuela, mientras que uno de cada cinco jóvenes no continúa sus estudios a nivel secundaria o media superior. Eso no es todo: un número importante de niñas, niños y jóvenes a lo largo del país regresan esta semana a “no escuelas”, es decir, lugares que no cuentan ni con lo mínimo para poder enseñar o aprender. Según cifras de la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, 2013), un porcentaje importante llega a escuelas donde los directores reportan carencias de personal capacitado y ausentismo recurrente (tanto de alumnos como de maestros). Uno de cada cinco maestros en México dice que no se siente preparado para dar su clase y más de la mitad de los maestros señalan que las oportunidades actuales de desarrollo profesional no son relevantes a su práctica, o bien que no pueden acceder a ellas por falta de apoyo.

Tampoco son escuelas verdaderas las que tienen condiciones materiales deficientes. Según datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (CEMABE, 2013), una de cada diez escuelas no tiene baños, y esta cifra es más alarmante en escuelas indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero donde una de cada dos escuelas carecen de este servicio básico. Además, a nivel nacional tres de cada diez no tienen agua corriente y casi una de cada dos no cuenta con drenaje. Alrededor de una de cada diez no tiene electricidad o pizarrones; más de una de cada tres carece de una computadora que funcione y nueve de cada diez escuelas primarias no tienen ni un laboratorio básico de ciencia (Duarte, Gargiulio y Moreno, 2011).

El pasado 18 de junio, el Gobierno Federal emitió los lineamientos para el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, con el cual se invertirá 7,567 millones de pesos para mejorar las condiciones en las escuelas más marginadas. No obstante, mientras que por un lado se inyecta esta cantidad importante de dinero, por el otro lado hay una fuga que lo empequeñece y que no se ha podido detener.

En Mexicanos Primero, como parte de la iniciativa del “Abusómetro”, lanzada el pasado 17 de agosto, hicimos un cálculo conservador de que por lo menos 35 mil millones de pesos se desvía o roba de la educación cada año en forma de pagos irregulares (o ilegales) a personal que no trabaja en las escuelas (se puede ver el cálculo y la nota técnica que lo explica en www.finalabuso.org). El Abusómetro corre a una velocidad de 1,099 pesos por segundo, 66 mil por minuto, 4 millones por hora y 95 millones de pesos al día. En el tiempo que se toma para leer esta oración, ya perdimos casi 7 mil pesos destinados para la educación que nunca llegarán a las escuelas. En menos de tres meses, equivaldrá a la totalidad de la inversión en las escuelas por medio del Programa de Escuelas de Excelencia.

El gasto educativo es uno de las principales herramientas por medio de las cuales el Estado puede garantizar el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes, y la escuela es el mecanismo fundamental para hacerlo llegar a su destinatario final: nuestra población joven. ¿Cómo se podría convertir todo ese malgasto que reportamos en una inversión dirigida a fomentar el derecho de todas y todos a una educación de calidad? Ofrezco unas ideas de qué se podría hacer con 35 mil millones de pesos…

1) Incluir a más niñas, niños y jóvenes en oportunidades de aprendizaje:
• Cuadruplicar la cobertura de Estancias Infantiles, para incorporar a 780,000 niños al año en este servicio.

• Incluir a los 1.7 millones de niñas y niños de 3 años que actualmente quedan fuera de la educación preescolar.
• Cubrir el costo de los útiles escolares para más de 12 millones de niños, casi la mitad de la matrícula nacional.
• Proveer becas, como las del programa Jóvenes con Oportunidades, a más de 6 millones de jóvenes para que terminen su bachillerato.

2) Asegurar que cuentan con maestros y directores idóneos:

• Establecer un piso salarial mínimo de 17,000 pesos mensuales.
• Convertir todas las 73,466 escuelas multigrado en escuelas de organización completa (por lo menos un maestro por grado).
• Invertir 80 veces más en el desarrollo profesional continuo de los maestros.
• Ofrecer un diplomado en liderazgo escolar a cada uno de los directores de las escuelas de México.

3) Financiar condiciones materiales adecuadas:

• Construir más de 24 nuevas escuelas diario.
• Rehabilitar a 35,780 escuelas cada año.
• Ponerle un aula de cómputo a todas las secundarias del país.
• Construir un laboratorio de ciencia en una de cada tres escuelas primarias; en tres años, TODAS tendrían su laboratorio.

No es suficiente presupuestar; el derecho a aprender requiere de un buen gasto. El derecho se ve debilitado cuando no se puede asegurar que los recursos llegan a su destino final, cuando no representan una inversión, cuando tiramos dinero al aire y se deja que esto ocurra año tras año. Para convertir el gasto educativo en una herramienta eficaz que apoye el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes, hay que poner fin al abuso. Ya.