Opinión

Ejército, chivo expiatorio de la falta de estrategia

 
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 [El acto se realizó en el Campo Militar número 1, bajo el mando del subsecretario de la Sedena, Virgilio Daniel Méndez Bazán / Cuartoscuro]  

Más y más se está vinculado el incremento de la violencia y fracaso de la lucha en contra del crimen organizado con el uso de las Fuerzas Armadas. De hecho, la participación del Ejército mexicano en la lucha del crimen organizado en los últimos años ha impactado en la confianza que tiene el pueblo en sus soldados. La encuesta publicada en agosto de 2015 por Parametría refleja esta caída de confianza de una de las instituciones que era una de las más respetadas del país: “Actualmente, seis de cada diez mexicanos (60 por ciento) dijeron tener ‘mucha’ o ‘algo’ de confianza en el Ejército, este es de los porcentajes más bajos registrados desde 2008. El porcentaje de desconfianza en dicha institución se ha incrementado desde 2012, ese año 23 por ciento dijo tener ‘poca’ o ‘nada’ de confianza en el Ejército, actualmente 39 por ciento así lo afirma, es decir, el porcentaje de desconfianza aumentó 16 por ciento en tres años”.

Impactando más en la credibilidad de las Fuerzas Armadas está la acumulación durante los últimos ocho años de alrededor de 150 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el caso de la Sedena, ha recibido 119 de las 145 recomendaciones del organismo de derechos humanos, mientras que la Secretaría de Marina ha acumulado 31 recomendaciones. El grado de cumplimiento de dichas recomendaciones hechas por la CNDH es menor a la mitad de las investigaciones y dicho porcentaje se ha cumplimentado a medias, ya que 40 por ciento de las recomendaciones se encuentra en estatus de “cumplimiento parcial o insatisfactorio”.

Ante esta realidad, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, con base a su Reporte Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias presentado en el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de 2014, dijo que tras su visita a México obtuvo datos que le indican que la presencia de militares mexicanos en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos. Heyns señaló que, por esa razón, es “urgente” que las autoridades mexicanas cambien su estrategia de combate a la delincuencia y comiencen a retirar al Ejército y a la Marina de esas labores. El relator agregó que los abusos contra ciudadanos de parte de fuerzas de seguridad siguen ocurriendo “en un alto índice” y esta situación es alentada porque las violaciones y otros crímenes que se cometen quedan impunes.

Información proporcionada recientemente por Sedena señala que el Ejército mexicano “mantiene un promedio mensual de 90 mil 580 efectivos para patrullajes terrestres y aéreos en todo el país. De ese total, unos 35 mil están enfocados al combate al crimen organizado; de éstos, más de 12 mil elementos están concentrados en diez operaciones en apoyo a la seguridad pública de ocho entidades del país”.

Las Fuerzas Armadas están en una verdadera encrucijada, porque ante estas enormes críticas hay un serio cuestionamiento si los parámetros jurídicos protegen las actividades que ejercen en la lucha en contra del crimen organizado. Y hasta la fecha los legisladores no han querido legislar sobre esta materia, dejándolos literalmente en un limbo jurídico que podrá tener graves consecuencias para la institución y sus mandos en el futuro.

Y aunque el secretario de Gobernación adelantó la semana pasada que saldrá el Ejército de las labores de seguridad de varios estados en al menos tres meses, solamente serían para Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán y Nuevo León.

Pero al mismo tiempo esa misma semana se enviaron más tropas a Tamaulipas: arribaron a Reynosa 900 soldados para reforzar otra vez las labores de vigilancia y combate a la delincuencia en la zona fronteriza.

Esta semana, senadores exigieron que se mandarán soldados a Veracruz.

Para proteger jurídicamente a las Fuerzas Armadas y su credibilidad, urge una estrategia transparente para definir cuándo debe hacerse uso de éstas en la lucha en contra del crimen organizado. Entre las consideraciones para exigir la intervención de las Fuerzas Armadas se incluye documentar y proporcionar datos sobre la amenaza que permita la justificación legal de la necesidad de su intervención, y por qué se considera una amenaza excepcional.

Adicionalmente, debería de haber una revisión y firma por Presidencia o el Jurídico de ésta para avalar la legalidad de estos operativos.

Si el Jurídico de Presidencia tiene que firmar el uso del Ejército y la Marina para operativos en contra del crimen organizado, seguramente se entenderá la necesidad de una estrategia y justificación antes de poner en jaque político al presidente ante el país y la comunidad internacional.

Twitter: @Amsalazar

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