Opinión

Dos PAN ante el GIEI, 
la verdadera división

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Roberto Gil Zuarth. (Senado de la República)

Bueno, ¿a cuál PAN le creemos? ¿Al que dice que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) debe entregar sus conclusiones e irse, como estaba acordado, o al que pide que se quede?

No es un asunto menor. Es una definición crucial que separa a los grillos de los que tienen visión de Estado. Esa es la verdadera división que hay en Acción Nacional.

En algunas ocasiones vemos a panistas de una u otra corriente detrás del algún (a) candidato presidencial o aspirante a la dirección del CEN y luego cambian de parecer. Eso responde a la coyuntura. Cada quien juega sus cartas. Pero la división no está ahí, sino en la responsabilidad que le atribuyen al partido en las cuestiones del Estado.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, sostiene que el GIEI debe entregar sus conclusiones después de una investigación de casi un año y dar por concluida su misión en México.

Para Marko Cortés, líder de los diputados del PAN, una buena señal “sería que el gobierno ampliara el plazo”, sobre todo si las conclusiones del GIEI no coinciden con la PGR.

Se trata de dos visiones contrapuestas que nacen de diferentes conceptos de la responsabilidad política. Uno piensa por el país y el otro por la grilla del momento.

El gobierno del presidente Peña Nieto cometió el grave error de entregar a una organización politizada por las agendas personales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la investigación del secuestro de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa.

Tan seguro se sintió el gobierno federal de que no tenía nada que ver en ese horrible crimen, que llamó y pagó a expertos de la CIDH para llevar a cabo una investigación paralela a la de la PGR, como si los investigadores no tuviesen intereses ideológicos y políticos que podían poner por encima de la verdad.

Ya nos podemos imaginar lo que habría pasado (y estaría pasando) si el gobierno de Felipe Calderón hubiese entregado al GIEI la investigación de las fosas con más de 70 cadáveres de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.

¿Por qué no pidió entonces Marko Cortés que viniera el GIEI a verificar quiénes y por qué mataron a los centroamericanos en San Fernando, toda vez que ahí había un componente internacional que no existe en el caso de Iguala?

Lo investigó la PGR y los asesinos fueron bandas criminales que reclutaban sicarios para sus filas, y mataban a quienes no aceptaban enrolarse.

En Iguala, policías de ese municipio entregaron a los normalistas a sicarios de Guerreros Unidos que los mataron, quemaron y arrojaron sus restos al río.

Seguramente la investigación todavía puede arrojar más datos, como el que dio a conocer ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (encabezada por un jurista que ha dado testimonios en su vida que no le teme a la verdad), en el sentido de que participaron dos policías federales en los hechos.

Pero ampliar de nueva cuenta el plazo que se fijó con el GIEI para su investigación –y hasta la fecha sólo tengamos mentiras como que no hubo incendio en Cocula–, es hacerse el haraquiri como Estado.

Eso lo entiende Roberto Gil y un respetable sector del PAN. Al otro le vale madres.

​Twitter: @PabloHiriart

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