Opinión

Dos Méxicos

 
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Empresas Monterrey. (El Financiero)

La idea de un Estado nacional interconectado económica, política y socialmente se puede identificar en nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando México consigue establecer lo que se conoce como un mercado propio que articula la mayor parte del país de una u otra manera. Desde entonces, el proyecto de generar condiciones para un crecimiento incluyente que incorpore a la mayor parte de la población ha estado presente, aunque sin poder concretarse en la realidad. Los regionalismos reconocidos como realidades culturales y socioeconómicas han podido enlazarse a lo largo y ancho del país, siempre y cuando las velocidades de integración y desarrollo de las distintas regiones así lo han permitido.

Esta dinámica de un norte desarrollado y un sur sumergido en el atraso, con una zona centro tratando de mirar más hacia el norte que hacia el sur, cambió de manera dramática a partir de los años 90 del siglo pasado con la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual aceleró la integración del norte mexicano a la economía norteamericana, abriendo cada vez más la brecha entre el México exportador modernizado, y aquel otro sumergido en un modelo de autoconsumo y supervivencia con altos beneficios políticos para sus patrocinadores, pero con pésimos resultados para el nivel de vida de sus pobladores.

El vertiginoso desarrollo tecnológico de estas primeras dos décadas del siglo XXI, aunado a la estabilidad macroeconómica mantenida contra viento y marea por las administraciones panistas y priista, produjeron el fortalecimiento de clases medias urbanas cada vez más demandantes y con capacidad de aspirar a un ascenso social mucho más veloz que el de una o dos generaciones anteriores. Las reformas aprobadas al inicio del gobierno de Peña Nieto terminaron por catapultar más al centro y norte del país con crecimientos económicos por encima de la media nacional, dejando atrás cualquier tipo de vinculación con el México corporativo, petrolero, agrario y monoproductor que pesa todavía de manera significativa en el promedio del crecimiento del PIB nacional.

La debacle petrolera en producción y precios del crudo, las movilizaciones violentas de grupos corporativos ligados a la guerrilla y al crimen organizado, y la corrupción sin límite de gobernadores y subordinados en el sur-sureste del país, han terminado por desconectar una buena parte del territorio nacional de esa unidad económica denominada mercado nacional mexicano. Estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas viven hoy una situación de desconexión casi total de los beneficios propios de la industria de exportación, de un mercado interno con altos niveles de consumo, y más que nada de una inversión que se aleja cada día más de lugares en donde no hay nada que garantice ganancia y certeza.

La propuesta de creación de Zonas Económicas Especiales en algunos de estos estados responde a la necesidad urgente de abrir un camino alternativo a modelos reproductores de pobreza, desigualdad y saqueo de recursos en manos de bandidos sociales y políticos. Por más atractivo y novedoso que sea este proyecto, no funcionará mientras no exista la voluntad y capacidad política de romper con prácticas que limitan el Estado de derecho, la seguridad jurídica de los individuos y el libre movimiento de personas y capitales. Mientras eso no exista, los dos Méxicos seguirán alejándose y convirtiéndose paulatinamente en islas separadas por un mar de diferencias sociales y económicas imposibles de conciliar en el marco de un solo Estado nacional. En la práctica estamos una vez más dividiendo al país entre aquel que puede incorporar a sus pobladores al concepto de vida digna y el otro que abandona a los individuos a su propia suerte en manos de déspotas y ladrones.

Twitter: @ezshabot

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