Opinión

Dignidad

La presidencia de Enrique Peña Nieto vive la crisis política más seria de su aún joven administración. De la reacción del gobierno depende que ésta sea o no un catalizador positivo. Lo sería si se aprovecha para tomar el toro por los cuernos y admitir la debilidad institucional que padece el país y la urgente necesidad de cimentar lo que con el tiempo será un Estado de derecho moderno.

Una condición necesaria para construirlo se basa en la certeza de que todos somos iguales ante la ley. En México, está muy lejos de ser ese el caso. Detrás de cada cadáver en cada fosa común, hay denuncias no atendidas, justicia no impartida. En muchas instancias, la fuente del poder de grupos criminales emana de su facultad de llenar un vacío dejado por el Estado para imponer orden donde no lo hay y de castigar a quien –de acuerdo a su sesgado y primitivo juicio- lo merece.

México es un país en el que decenas de miles de seres humanos han perdido la libertad y pueblan el sistema carcelario porque simplemente han cometido el delito de no tener los recursos para defenderse. En muchos casos, llevan años presos sin que se haya iniciado proceso judicial alguno, en un sistema en el que ministerios públicos, jueces y dictámenes se subastan al mejor postor. Es tan urgente protestar porque quienes han delinquido están libres, como porque muchos inocentes no lo están.

Diría que en México le hemos perdido el respeto a quienes menos tienen, pero eso asumiría que alguna vez lo tuvimos. El mayor problema de nuestro país se resume en una palabra: dignidad. Hemos permitido un status quo que condena a los pobres a no gozar de acceso a educación –o a tener una tan deficiente que no ofrece oportunidades laborales o progreso-, a no tener futuro o acceso a justicia, a no tener voz; y nos sorprende que miles de jóvenes opten por venderle el alma al crimen organizado buscando una vida que, aunque corta, sea por un rato “digna”. Se otorga ayuda a los más pobres, pero siempre con una pátina clientelar, creando más dependencia que empoderamiento. Parte de la violenta reacción a Ayotzinapa proviene de años de lógico resentimiento y frustración.

El sector más pudiente de nuestra sociedad es frívolo y vanidoso. Ni siquiera es capaz de filantropía honesta. Cuando se da ayuda, pesa más la pose y el lucimiento social que el resultado final. Los contados esfuerzos filantrópicos se caracterizan por ser absolutamente condescendientes e “indignos”. Ponen a quien dona en un pedestal desde el cual concede –por lástima- su generosa gracia al “pobre infeliz” que la recibe. Salvo honrosísimas excepciones, no hay conciencia del compromiso implícito en el aleatorio privilegio de unos pocos.

Ese es el problema de fondo que delata Ayotzinapa. Nos acostumbramos a que una parte importante de la población haya perdido cualquier posibilidad de una vida digna, mientras que quien tiene se cree con una especie de derecho divino - incluso en caso de fortunas a todas luces mal habidas- que nadie le ha otorgado y que nadie merece.

Me sorprende la superficialidad del análisis de periodistas con altavoces privilegiados, como el que tiene Jorge Ramos Ávalos en Univisión y Reforma, quien se lanza a proponer la “renuncia de Peña Nieto”, afirmando incluso que “no ganó limpiamente la elección del 2012”. Al parecer, una diferencia de más de tres millones de votos no le resulta suficiente.

Pensar que la crisis e incluso el posible asesinato de los normalistas de Ayotzinapa es atribuible a Peña Nieto o a su gobierno es más allá de miope, irresponsable. Partamos de un ejercicio extremo en el que esta administración se hubiera volcado en cuerpo y alma sobre el tema de inseguridad y de construcción de Estado de derecho desde el primer día del mandato, incluso considerando que todo lo hubieran hecho en forma impecable. Aun en ese caso, probablemente hubiera pasado lo que ocurrió. No existe gobernante o equipo en el mundo capaz de revertir en dos años la nefasta inercia de décadas de abuso, corrupción e impunidad.

La reacción del gobierno ha sido sorprendentemente deficiente. Claramente, las evidentes destrezas políticas que llevaron a la aprobación de las reformas estructurales no son las mismas que se requieren ni para implementarlas, ni para enfrentar crisis como ésta. Llamar a los partidos a un nuevo “pacto” luce en la prensa y es igual de inútil que la renuncia del presidente, pues asume que una crisis así es culpa de los partidos. Éstos son sólo parte del entuerto.

Pensar que una condición tan arraigada puede revertirse de la noche a la mañana impide un debate serio. Pensar que el único responsable es “el Presidente” nos exime a todos de una responsabilidad que compartimos. No “somos todos Ayotzinapa”, pero sí somos todos, en parte, responsables.