Opinión

Diagnóstico de transparencia a sujetos obligados federales

 
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Expediente. (Expreso)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), realizó el “Diagnóstico Institucional de Sujetos Obligados ante la Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (Diagnóstico) a las instituciones públicas federales.

El Diagnóstico tuvo como objetivo identificar las principales fortalezas y oportunidades de mejora institucional de los diferentes Sujetos Obligados (SO) a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con respecto al cumplimiento y de las obligaciones de transparencia y de los procedimientos establecidos en esta Ley General.

Entre las fortalezas encontradas están las siguientes: el 97% de los SO tiene Comité de Transparencia; el 95% guarda registros de sus sesiones; y en 87% de los casos, las resoluciones adoptadas se determinan en votación. Asimismo, el 98% de los SO ya cuenta con una UT, lo cual es relevante porque hablamos de que prácticamente todas las instituciones públicas federales tienen una oficina responsable para la recepción, gestión y atención de las solicitudes ciudadanas.

Respecto al personal de las UT, el 90% de ellos está capacitado en materia de “acceso a la información”. No obstante, en materia de datos personales, el 58% de los funcionarios de las UT no ha recibido curso alguno; tampoco el 93% sobre “elaboración de prueba de daño” ni el 71% en el tema de “gobierno abierto”.

Otra fortaleza encontrada se refiere a la gestión de documentos y archivos. En 87% de los SO existe un archivo de trámite y el 82% cuenta con archivos de concentración. Además, el 99% de los SO tiene un coordinador de archivos y el 75% de los expedientes está clasificado en archivos, situación que facilita la consulta y respuesta de solicitudes de información.

Entre las áreas de oportunidad detectadas, relevantes para el buen cumplimiento de la Ley General, están las siguientes: el 71% de los SO no tiene definido un perfil laboral y/o académico del encargado de la UT, que determine la designación de este servidor público. Otra debilidad es la seguridad laboral del personal operativo que realiza la mayor cantidad del trabajo administrativo en estas áreas, pues en el 85% de los SO se trata de personal eventual o de honorarios, además de que el 56% es del género femenino; es decir, a las mujeres se les está asignando la mayor carga de trabajo, con bajos sueldos e incertidumbre en su permanencia.

Por otro lado, 52% de los Comités de Transparencia no monitorea el trabajo de sus UT, lo cual se refleja en la cantidad de recursos de revisión interpuestos ante el INAI. En la práctica esto ocurre porque el 71% de los SO no tiene un procedimiento formal para la realización de “búsquedas exhaustivas”, y el 90% no cuenta con procedimientos específicos para realizar las pruebas de daño.

Respecto a la protección de datos personales, es indispensable que todos los SO cuenten con avisos de privacidad y con procedimientos para asegurar la seguridad de los datos personales.

Finalmente, el 51% de los SO no genera informes estadísticos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el 50% no realiza un conteo sobre las consultas a sus páginas de internet y tampoco de la frecuencia de consultas a sus portales de obligaciones de transparencia.

Reconocemos los avances pero también asumimos los rezagos como retos que debemos atender con acciones puntuales para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y la protección de los datos personales. Tenemos claro que estos derechos permiten a la sociedad el ejercicio de otros tantos; por ello, en el INAI estamos comprometidos en el desarrollo de mejores prácticas para compartirlas en el Sistema Nacional de Transparencia, con el fin de fortalecer la política nacional de transparencia en beneficio de los mexicanos.

El autor es comisionado del INAI.

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