Opinión

DF, la muerte en casa

Algo debe estar muy mal en una sociedad cuando una chica es desollada y las autoridades intentan tranquilizar a los ciudadanos alegando que fue un crimen común, que la joven no murió a manos de una mafia. Menuda manera de confortarnos. Eso fue lo que ocurrió en Uruapan esta semana con la muerte, terrible, de Érika Kassandra Bravo, de 19 años de edad. La conmoción por el asesinato de esta joven enfermera fue atajada (es un decir) por el procurador de Michoacán con la “explicación” de que en el crimen no hubo participación de la delincuencia organizada. Como si esa justificación hiciera más llevadera a su familia y a sus amigos la tragedia, como si eso nos hiciera sentir más a salvo a todos los demás.

Es al contrario. La muerte de Érika es, o debería ser, tan indignante e insoportable como las de miles de víctimas de los “delincuentes organizados”. Entre otras cosas porque quizás estos crímenes ocurren en parte debido al clima de descomposición generalizada que hay en el país, como parte de la pudrición que hace posible casos como el mostrado la semana pasada en un reportaje emitido por el programa Punto de Partida, de Denise Maerker, donde exhibió a sanguinarios estudiantes de Acapulco que secuestraban y mataban, para luego seguir su vida estudiantil como si nada.

De lo que se trata el anhelo actual en México es de arribar algún día a un país donde sea tan impensable la desaparición de 43 estudiantes como la posibilidad de la muerte de una chica sometida a tal saña como lo fue Érika. De que no haya más “levantados”, o ejecutados, secuestrados ni muertas (o muertos) “ocasionales”.

De lo que se trata es de que un secuestro como el ocurrido hace seis semanas en el Ajusco, cuando varios atletas fueron raptados, se vuelva tan insoportable, sea de tal manera una alerta, un revulsivo, que una sociedad que se las da de sofisticada como es la capitalina, obligue a los gobiernos a que resuelvan de tajo el problema.

Porque si luego de un secuestro como ese, ocurrido a finales de octubre, uno se voltea hacia el otro lado, si uno se hace tonto y piensa que el peligro va a desaparecer porque ya soltaron (mediante pago de rescate) a los atletas secuestrados, entonces lo que pasa es que seis semanas después uno se despierta con una muerta en la puerta del casa, que eso es lo que es el Distrito Federal para todos nosotros, una casa, una casa donde ocurren secuestros y asesinatos en el Ajusco (una de las puertas de nuestra casa) y nosotros como si ocurrieran en un lugar tan remoto como otro planeta. Y lo mismo se puede decir de las ejecuciones cotidianas en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc o Iztapalapa, asesinatos de los que no nos hacemos cargo, que no nos importan. La muerte está en la casa y nosotros vemos a la inseguridad como una cosa sólo de Tamaulipas, Guerrero o Michoacán.

¿Qué vamos a hacer ante el secuestro y asesinato de Anayeli Bautista Tecpa, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, raptada en el Ajusco y hallada muerta el lunes en Tlalpan? Qué explicación estamos dispuestos a tragarnos de un gobierno del Distrito Federal que ni siquiera se ha sentido obligado a rendir cuentas de por qué se fue el anterior jefe de la Policía, y de por qué no ha sido nombrado un nuevo secretario de Seguridad Pública.

¿A Anayeli la mató la misma banda que raptó a los atletas? ¿Otra? ¿Cuántas bandas de secuestradores hay en el Ajusco, cuántas en el Distrito Federal?

¿O nos van a salir con que se trató de un asunto pasional, que fueron algunos de sus conocidos? ¿O nos van a tratar de tranquilizar (es un decir) diciendo que es un asunto aislado, que no es el crimen organizado el autor de la muerte de Anayeli, que es incluso una coincidencia que haya ocurrido en el Ajusco?

Los capitalinos nos equivocamos a principios de noviembre cuando respiramos aliviados al saber que los atletas habían sido liberados. Ese afortunado final ocurrió porque se pagó un rescate, lo que es muy distinto a resolver un problema. De hecho, hay gente que cree que pagar los rescates sólo contribuye a incentivar un negocio criminal.
Nuestros impuestos hacen más lucrativo el negocio de la muerte.
Hubo una vez un jefe de Gobierno que al iniciar su mandato, hace exactamente dos años, asumió que las cosas estaban tan bien que incluso se dio el lujo de ofrecer ayuda a sus vecinos para armar un escudo que protegiera al centro del país de la delincuencia.

Ha llegado la hora de asumir que ni entonces, ni ahora, estábamos para andar de candiles de la calle (remember el levantón colectivo del Heavens), que es hora de revisar lo que está muy mal en la casa, que gente como Anayeli no debió morir, que nadie más debe morir sin que el gobierno de Miguel Ángel Mancera rinda cuentas puntuales de todo lo que está haciendo mal, sin que de inmediato nos informe lo mal que está la casa. Para ver si así hacemos algo para limpiarla.

Twitter: @SalCamarena