Opinión

Deudas estatales y elecciones

 
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¿Apuntalará la autoridad a nuestro peso?

La deuda bancaria y bursátil registrada al mes de marzo en los estados, es de 531 mil 822 millones de pesos, alrededor de cinco mil millones menos respecto a tres meses antes, como parte de un comportamiento estacional de la misma, pero esto no marca tendencia.

En cuanto a su monto, tres cuartas partes de la deuda subnacional se concentra en diez estados, pero en donde hay diferencias es en indicadores como su relación con el PIBE, con las participaciones, respecto a los ingresos locales, su costo, sus plazos de pago y su servicio. Fenómeno nacional, quién sabe.

Es claro que las reestructuras alargan los plazos, incrementan el costo, aunque con “efectos de columpio sexenales”, que justifican lo que se paga por contratarlas. Como se ha dicho, las deudas tarde o temprano se deberán pagar, claro ya no apostamos a que lo haga la siguiente generación o el siguiente gobierno, sino que la pague la generación de nuestros nietos.

Los 12 estados donde habrá elecciones este año, representan la tercera parte de la misma, esto es 177.3 mil millones de pesos, sin considerar las obligaciones financieras derivadas de los llamados PPS, cuyo servicio afecta el presupuesto. Destacan por su monto Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Sin entrar al análisis de las causas del endeudamiento en cada uno de ellos, ya se usan las cifras del endeudamiento como argumento de descalificación electoral, omitiendo el análisis de su estructura, los verdades incrementos de la misma en estos seis años y sin considerar las obligaciones financieras de los PPS por ejemplo, como sería el caso de los mil 800 millones de pesos de Oaxaca para la construcción de dos centros de oficinas gubernamentales en el gobierno anterior al actual, o el incremento de la misma para aportar la parte estatal o municipal al Fondo de Desastres Naturales.

No olvidemos que los gobiernos que se van en 2016, llegaron un año después de la crisis de 2009, cuando estábamos en medio de un “efecto rebote”, porque caímos tanto, que el crecimiento de 2010 fue insuficiente, porque estábamos en niveles inferiores a los de 2008, prueba de ello es que las participaciones estuvieron por debajo de su nivel real de ese año, durante cinco años más, tiempo en que se profundizó el endeudamiento de algunos estados. Y se van en un entorno económico difícil.

Es claro que las reestructuras alargan los plazos, incrementan el costo, aunque con “efectos de columpio sexenales”, que justifican lo que se paga por las mismas. Como se ha dicho, las deudas tarde o temprano se deberán pagar, claro ya no apostamos a que lo haga la siguiente generación o el siguiente gobierno, sino que la pague la generación de nuestros nietos.

Que hubo gobernadores irresponsables, es cierto, no recaudaban y lo que querían era gastar más y más. Ejemplos sobran, no sólo de estos 12, están sus antecesores por supuesto.

Pero para la mayoría el problema ha sido su débil capacidad crediticia y la pobreza de sus ingresos no condicionados. Pocos estados han tenido un programa nacional de infraestructura por ejemplo, o programas productivos para las zonas de mayor marginalidad.

Corresponderá a los gobiernos salientes presentar informes detallados de las razones para haber recurrido al endeudamiento, de su costo, los libros blancos del destino, forzosamente inversión productiva y su relación con las finanzas del estado.

A quienes llegarán este año, revisar y analizar antes de decidir precipitadamente alargar su periodo de pago, a través de reestructuras que sólo son alivios coyunturales, diseñar estrategias de desarrollo fiscal y financiero para su pago, pero más importante para financiar el desarrollo de sus pueblos.

La ética hace falta al abordar este tema. A la gente le preocupa más ahorita los pasivos con los proveedores y prestadores de servicios.

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