Opinión

Deuda, déficit y política

   
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ME. ¿Medimos bien el PIB?

Las calificadoras empiezan a presionar al gobierno mexicano para que cumpla sus compromisos. El gobierno afirma que así será: que para 2018 los requerimientos financieros del sector público (la deuda del gobierno en su definición casi más amplia) crecerán 2.5% del PIB y desde 2017 ya tendremos un superávit primario (es decir, antes de considerar los costos financieros). Esto, aunque no lo parezca, es una gran noticia, salvo para los políticos.

Ya hemos comentado en varias ocasiones que el único riesgo importante que tenemos, en materia económica, es el tamaño de la deuda del gobierno, que ha crecido de forma importante desde 2008, cuando la crisis internacional nos obligó a entrar en déficit. A pesar de las promesas del gobierno anterior y el actual, no se pudo regresar al superávit, y cada año hemos sumado a la deuda cerca de 3 puntos del PIB. Si a ello sumamos las deudas de los gobiernos locales (estatales y municipales), estamos ligeramente arriba de 50% del PIB. Frente a las deudas de países desarrollados, que superan el 100% del PIB, o de los asiáticos (China y Japón), que duplican ese nivel, no parece mucho, pero si tomamos en cuenta que nuestro país no puede considerarse aún en el grupo de los “desarrollados”, nuestro límite es menor.
Tradicionalmente, 60% del PIB ha sido lo más que podemos acumular de deuda sin que se nos venga encima el mundo (literalmente). Tal vez ahora ese límite se haya movido un poco, juzgando por lo que ocurre en Brasil, que hace rato pasó ese nivel, lleva dos años en recesión, y aun así se mueven capitales hacia allá.

Pero no vale la pena experimentar con ello. Es preferible, como ha dicho ya el gobierno mexicano, refrendar los compromisos y empezar a limitar el crecimiento de deuda. No creo que debamos hablar de una reducción en la misma, porque eso sí se ve muy complicado. Simplemente frenar el crecimiento será ya una hazaña. Para que lo pueda imaginar más fácil, esto significa que para el próximo año tengamos una reducción en los gastos del sector público del orden del 10%. Se ve fácil, hasta que lo pone uno en blanco y negro.

El gobierno mexicano tiene un gasto programable que a duras penas llega a 21% del PIB. Es sumamente bajo, comparado con la mayor parte de los países similares (y mayores) a nosotros. De eso, poco más de 7 puntos se van al gobierno federal y los organismos autónomos, otros 7 se van a los estados (además de la participación en gasto no programable) y el resto, casi 6 y medio, se van a paraestatales: Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE. ¿A cuál le quiere quitar? Si lo vemos por rubro, educación se lleva 5 puntos, salud 3.5, pensiones un tanto similares, y seguridad, justicia y defensa no llegan a 1.5 puntos del PIB: total, casi 14 puntos del PIB que no se pueden mover. Es decir que sólo nos quedan siete puntos, de los que hay que cortar dos, que ya no es 10, sino 30% de recorte.

A partir de la próxima semana empieza la gran discusión acerca del presupuesto. No va a ser fácil, por el tamaño de lo que hay que cortar. Bueno sería para el gobierno cerrar el tema de la CNTE antes de eso, y ajustar el gabinete, como se dice que ocurrirá.

En suma, vienen tiempos muy difíciles para el gobierno en pleno: Ejecutivo, Congreso, gobernadores, todos. Sobrarán grupos que busquen forzarlos a su favor. Esperemos que prive la sensatez, aunque eso implique costos políticos y económicos de corto plazo.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey



Twitter: @macariomx

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