Opinión

Desencanto energético

Que el gobierno federal absorba los pasivos laborales de Pemex refuerza la cultura de la irresponsabilidad y la percepción de abuso e impunidad. Más grave aún: mancha una muy buena reforma energética que presuntamente busca estimular el buen desempeño de la industria energética con una medida que premia el abuso del pasado y esconde las responsabilidades políticas y gerenciales que llevaron a que Pemex tenga un pasivo laboral de 1.15 billones de pesos, equivalente a 9.0 por ciento del PIB.

Es cierto que Pemex no puede competir con otras empresas privadas si en 2014 tendrá que erogar más de 38 mil millones de pesos para cubrir el oneroso sistema de pensiones y jubilaciones. Es cierto –como escribió ayer el secretario de Hacienda en el diario Milenio– que “trasladar un peso de pago de pensiones de Pemex al gobierno federal no modificaría el gasto público, simplemente sería un cambio en el lugar en que se registra en el presupuesto federal”. Pero dónde se registra la deuda sí tiene un impacto en términos de responsabilidad política y percepción pública, y eso constituye una enorme diferencia.

El rescate implica un problema de irresponsabilidad política porque el sindicato y la empresa asumieron en las últimas décadas obligaciones contractuales excesivas cuyos costos ahora se diluyen entre el resto de la población: aguinaldo equivalente a 60 días de salario; vacaciones de 21 a 35 días laborales; préstamos hipotecarios con una tasa de 2.0 por ciento; uso de clubes y equipamientos deportivos; pago de jubilaciones con 100 por ciento de su último salario; servicio médico de por vida para el trabajador y toda su familia, así como el apoyo para gasolina y aceites lubricantes producidos por la empresa.

Si el Congreso aprueba transferir una porción del pasivo laboral de Pemex sin explicar cómo llegamos a la situación actual, la lección es
–una vez más– que el abuso del erario público carece de consecuencias. ¿Cuántos relojes Panerai y botellas de etiqueta azul y viajes en aviones privados habrá en el rescate que pagarán los contribuyentes durante varias décadas? Si la deuda pública crecerá en 700 mil millones de pesos, según se ha dicho, el Congreso debería abrir una investigación antes de dar el sí. En lugar de manifestaciones públicas y de consultas populares, el PRD debería enfocar sus esfuerzos en crear una comisión que investigue la composición de los pasivos laborales.

¿Quiénes son los responsables de que el contrato colectivo haya acumulado tantos privilegios sin que hubiese un directivo de la empresa que tratara de modificarlo? ¿Qué dicen los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón al respecto? Si durante décadas el PAN cuestionó el abuso del poder cometido durante la época de oro del presidencialismo mexicano, ¿por qué no hicieron nada al respecto durante los dos sexenios que gobernaron desde Los Pinos?

Tienen razón quienes argumentan que Pemex no podrá competir en el nuevo entorno si no modifica su pasivo laboral y reduce el costo de su contrato colectivo de trabajo. Pero es necesario que se haga sin premiar la impunidad. No se vale que la nueva empresa nazca pisoteando el derecho de los contribuyentes a conocer los abusos cometidos y a que se deslinden responsabilidades, aun sean sólo de carácter político.

Ricardo Aldana, diputado y tesorero del sindicato petrolero, dijo de forma cínica respecto al pasivo laboral: “lo quitemos o pongamos en un cajón diferente, de todos modos lo vamos a pagar todos los mexicanos”. Pero una cosa es pagarlo sometiendo a un régimen de responsabilidad a quienes contribuyeron –por omisión o comisión– a generar este enorme pasivo y otra hacerlo sin rendición de cuentas.

El rescate bancario surgido después de la crisis económica de 1995
–el famoso Fobaproa– fue uno de los elementos simbólicos que más dañaron el prestigio y razón de ser de las llamadas reformas neoliberales de los años 80 y 90. Gracias al Fobaproa, López Obrador tiene 20 años después tanta gasolina para poner en duda las reformas de mercado, notablemente la energética.

En su momento se dijo que sin Fobaproa el sistema financiero nacional se colapsaría. Se aprobó así el rescate bancario que en sus intestinos incluía abusos cometidos por algunos banqueros: préstamos ilegales, falta de garantías, mala regulación, entre otros. El rescate bancario habría sido más legítimo si a la par se hubiese hecho una investigación profunda para sancionar los abusos cometidos.

Hoy se plantea otro rescate financiero sin deslindar responsables. Para muchos que creemos en las bondades de la reforma energética, este rescate es fuente de desconfianza y desencanto. Apoyar la reforma energética no significa callar frente a la corrupción del pasado.

El problema del llamado Pemexproa –como lo bautizó el PRD– no es de finanzas públicas, sino de responsabilidad política. No es un problema del monto de la nueva deuda –porque los pasivos laborales ya son deuda pública– sino un problema político y de legitimidad. No dar explicaciones claras y amplias hoy –y deslindar responsabilidades– puede ser el inicio de la erosión de la confianza de una reforma que ni siquiera es ley todavía.