Opinión

Desatino legislativo; desarrollo urbano CDMX

    
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Legisladores descartaron la posibilidad de recurrir a una bursatilización.

Los habitantes de la CDMX, que apenas hace seis meses se sentían orgullosos porque por primera vez contarían con una Constitución local que surgió de una amplia participación y propuestas de la ciudadanía, hoy ven con tristeza cómo poco a poco la ilusión de ser una ciudad de avanzada, progresista y con todo un andamiaje de derechos, empieza a diluirse al tratar el Poder Legislativo local de regresar a prácticas con olor a rancio y esquemas que se alejan en mucho de los logros obtenidos en la redacción del magno documento, que dejó ver una dinámica de empoderamiento ciudadano.

Resulta que una mayoría legislativa, que defiende los intereses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, está a punto de subir al Pleno de la ALDF, para su discusión y probable aprobación, el proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la CDMX 2016-2030, que por razones técnicas y enfoques que contravienen el espíritu de la participación ciudadana no ha alcanzado el consenso de todos los grupos parlamentarios a nivel local.

Al respecto, el diputado Carlos Alfonso Candelaria López, coordinador parlamentario de la fracción del PES en la Asamblea Legislativa de la CDMX, aseguró que el Programa General de Desarrollo Urbano que se presentará en la ALDF en los próximos días, debe contar con acciones que permitan un desarrollo equilibrado, con un planteamiento de corto, mediano y largo plazos, para evitar que esta ciudad se desborde en el caos.

Por su parte, la diputada constituyente, Aida Arregui Guerrero señaló, que la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la CDMX 2016-2030 por parte de la actual Asamblea Legislativa de la CDMX es contraria a lo establecido en la Constitución de la capital, lo que traerá consigo indefiniciones jurídicas al modelo de ordenamiento territorial.

“Con las medidas que está tomando el Gobierno de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, la capital del país colapsará y quedará sin servicios”, denunció Armando González Escoto, dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES) en la Ciudad de México, quien dio a conocer que su partido se opondrá a estas medidas a través de la resistencia civil pacífica.

Es cierto, durante los últimos años la ciudad capital ha sufrido un boom inmobiliario, con edificios de vivienda y para oficinas que han surgido por doquier. En la mayoría de esos proyectos las violaciones a las normas vigentes en materia de uso de suelo y todo lo referido a permisos de construcción son la constante, donde lo menos que uno se imagina es que detrás de todo ello hay acciones de corrupción e intereses políticos inconfesables.

La ciudad está inmersa en un constante crecimiento urbano, es una realidad, por lo que se requiere un nuevo marco legal para su desarrollo y lo ideal es que este modelo responda a las normas que en la materia se analizaron y fueron plasmadas en la naciente Constitución de la Ciudad de México, donde se habla de sustentabilidad, orden, equilibrio ecológico, prospectiva, y –sobre todo– que sus impactos se vean reflejados en mejoras y ampliaciones a los servicios públicos existentes.

En fin, en contra del referido programa se han pronunciado legisladores del PES, pero en contra están también las bancadas de los grupos parlamentarios de Morena, algunos integrantes del PRI, y en general de la ciudadanía capitalina que ya está harta de los abusos cometidos entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades, y si el proyecto se aprueba, sin mayor consulta al respecto, lo más seguro es que ese desatino se traduzca en más malestar ciudadano con votos en contra del PRD y de Mancera en las próximas elecciones.

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