Opinión

Desánimo y enojo, 
implicaciones

 
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Los trastornos evolucionan junto con la edad de la población. (Cuartoscuro)

Ayer se presentó el análisis más reciente de 'México: Política, sociedad y cambio. Escenarios de gobernabilidad', que GEA elabora trimestralmente y se basa en una encuesta realizada del 17 al 19 de junio con mil entrevistas efectivas a ciudadanos en vivienda, con representatividad nacional.

En materia de preferencias electorales, a un año de la elección de 2018, y de aprobación del gobierno —presidente, gabinete y legisladores— la opinión sigue prácticamente igual a la del trimestre anterior. López Obrador se sitúa arriba en la intención de voto por 1-2 puntos porcentuales, pero parece que alcanzó un tope máximo de preferencias y con márgenes inferiores a los que registró en periodos similares para las elecciones de 2006 y 2012; no obstante, su balance de opiniones positivas y negativas mejoró marginalmente.

En el PAN, Anaya remontó distancia respecto a Margarita Zavala (4-5 puntos); y PRD y PRI estancados en preferencias con menos de 10 por ciento y 20 por ciento, en ese orden. El nivel de aprobación personal del presidente Peña se mantuvo en 19 por ciento del total, pero su gestión al frente del gobierno alcanzó sólo 13 por ciento, tasas muy inferiores a las que registraron los expresidentes Fox y Calderón en el quinto año de gobierno; además, la credibilidad del presidente cayó a un paupérrimo 6.0 por ciento de la población.

Las percepciones económicas y políticas siguen por los suelos: 45 por ciento de la población entrevistada opina que la situación económica es mala (vs. 41 por ciento en marzo) y la política 49 por ciento (vs. 45 por ciento). De ello se deriva que, según 70 por ciento de la población, México está en una crisis económica. El repunte de la inflación general, la depreciación del tipo de cambio y el incremento de precios de los combustibles, en particular gas, electricidad y sobre todo gasolinas, contribuyen a explicar esa impresión, en la que la mala situación se atribuye al gobierno actual (63 por ciento de los encuestados).

A ello se suma que la percepción de corrupción sigue en aumento; casi la mitad de los entrevistados opina que es mayor a la de hace seis años y que se ha visto afectado por ella, y 53 por ciento que no se han realizado acciones para combatirla. Así, hasta ahora todos los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, legislación incluida, han quedado entre la clase política y la 'comentocracia', sin permear en la ciudadanía.

La opinión sobre los servicios públicos locales y federales, e implícitamente en la forma en la que se ejerce el gasto público, también es desfavorable; sólo 14 por ciento de la población considera que la vigilancia policíaca es 'buena', 26 por ciento el transporte público, 29 por ciento la dotación de agua y 31 por ciento las vialidades.

Para los servicios de salud y educación las opiniones son ligeramente superiores, 37 por ciento y 34 por ciento los califica de 'buenos', a pesar de la reforma educativa y de las supuestas mejoras que se han realizado para la atención en diversas instituciones del sistema de salud, particularmente en el IMSS.

Esas percepciones y opiniones se traducen en un ánimo social preocupante. A la pregunta de si las leyes deben cumplirse aunque se consideren injustas, la mitad de la población contestó que no; 59 por ciento que si pudiera compraría productos pirata, 48 por ciento que evadiría el pago de impuestos y 50 por ciento que adquiriría gasolina en expendios irregulares.

¿Qué hacer frente a esa actitud ciudadana que mezcla enojo, indignación, desánimo y malas expectativas para el futuro?

Las políticas gubernamentales y sus resultados no han contribuido a modificarla.

Un sistema fiscal (federal y local) con baja eficiencia recaudatoria, que no contribuye a combatir la desigualdad y se ubica entre los peores de los países de la OCDE y América Latina (véase la edición del lunes pasado del periódico El País); gasto público excesivo en burocracias, congresos, entidades federativas, elecciones; inversión pública cada vez menor; inseguridad y violencia en niveles históricamente altos. La lista es larga. No extraña que 80 por ciento de la población opine que el país va por un rumbo equivocado.

* El autor es socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados.

Twitter: @ruizfunes

Correo: mruizfunes@gmail.com

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