Opinión

Desafortunados recortes

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Para el 2016 le toca al gobierno federal, apretarse el cinturón: Videgaray

Este año los mexicanos hemos escuchado con frecuencia las palabras “Presupuesto base cero”. Un Presupuesto base cero consiste en dos elementos. Primero, determinar si las actividades y programas en los que actualmente gasta el gobierno son efectivos (es decir, si cumplen su propósito); y eficientes (es decir, si los resultados alcanzan para justificar los gastos). A partir de este este análisis, el segundo elemento de un Presupuesto base cero consiste en recortar o eliminar los programas que resultan ineficientes y, en su caso, reemplazarlos por otros que respondan mejor a las prioridades de la sociedad.

La idea del Presupuesto base cero surgió como una alternativa a los “mecanismos inerciales” que tradicionalmente dominan la negociación de presupuestos en el sector público. Estos mecanismos inerciales suponen que año con año cada dependencia o programa negocie incrementos o busque evitar recortes, pero sin que la existencia misma de la dependencia o la permanencia de su plantilla laboral se pongan en tela de juicio. Por supuesto, un Presupuesto base cero es preferible desde un punto de vista técnico, pues permite evitar que se mantengan por años programas que no generan resultados satisfactorios. Sin embargo, se contraponen a la lógica política de las organizaciones públicas (perpetuarse y maximizar los recursos que ejercen). Por ello, los presupuestos base cero rara vez se utilizan en periodos ordinarios; son, sobre todo, una alternativa para “ajustar” los gastos cuando las finanzas públicas no andan bien.

A principios de 2015 el secretario Videgaray anunció que para 2016
—un año que ya se anunciaba de vacas flacas para el gobierno, por la disminución en el precio del petróleo— se propondría un Presupuesto base cero. En los hechos, la metodología que se utilizó para elaborar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación implicó primordialmente que varios programas se fusionaron; la propuesta es que los 818 programas presupuestarios que existen en 2015 se transformen en 605 para el próximo año. Esta reducción en el número de programas fue el resultado de un análisis en el que se identificaron similitudes o duplicidades en los objetivos de dos o más programas.

En el ámbito de seguridad, uno de los mayores recortes se dirigió a los subsidios que reciben las entidades federativas y los municipios, tanto para la prevención social de la delincuencia como para la profesionalización de las policías. En el caso del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), por medio del cual se canalizan recursos para la realización de proyectos de prevención en comunidades de alto riesgo, el recorte fue de 25 por ciento (668 millones de pesos). El Pronapred ha sido criticado por la falta de claridad en los criterios que se siguieron para elegir los lugares en los cuales opera (lo que a su vez implica que no sepamos si se está beneficiando a la población en mayor riesgo de ser reclutada o victimizada por el crimen organizado).

Sin embargo, que el Pronapred haya presentado deficiencias en su etapa inicial no quiere decir que debamos abandonar el objetivo de prevenir la delincuencia. Si los recursos se focalizaran mejor —por ejemplo, para atender a los miembros de pandillas o los familiares de personas en situación de cárcel— el retorno potencial del Pronapred sería mucho más alto que el de otras actividades del sector seguridad que reciben recursos mucho más cuantiosos.

Los dos subsidios que existían para la profesionalización policial
—SUBSEMUN y SPA— serán fusionados y, en conjunto, se les recortará 22 por ciento (mil 700 millones de pesos). Esta decisión es acertada si tomamos en consideración el enorme dispendio observado en los últimos años en torno al ejercicio de estos subsidios (la Auditoría Superior de la Federación identificó que se utilizaron, por ejemplo, para gastos que no fueron comprobados o para la compra de camionetas de lujo). Sin embargo, es desafortunado que se reduzcan los recursos para la profesionalización de las policías estatales y municipales, pues ésta es, sin lugar a dudas, la principal medida a seguir para superar las crisis de violencia e inseguridad que todavía se registran en amplias regiones del país.

Uno de los pocos rubros al que no se le pasará la tijera será el Sistema Federal de Readaptación Social, que en 2016 tendrá un incremento de 981 millones (equivalentes a 5.78 por ciento de su presupuesto). Sin lugar a dudas, como lo señaló el flamante Comisionado Sales, existen muchas carencias en el ámbito de los penales (aunque éstas son más apremiantes en el ámbito estatal que en el federal). Sin embargo, en el largo plazo la mejor inversión no es meter más dinero, sino menos personas, a las cárceles. El Presupuesto base cero tampoco afectó a las dependencias militares, se decidió mantener prácticamente intactos sus presupuestos, sin siquiera analizar sus resultados. Esta decisión contribuye a alejar más a las Fuerzas Armadas del escrutinio público en tiempos en los que en sectores amplios de la opinión pública existen serias dudas sobre su desempeño. En resumen, el Presupuesto base cero se perfila como una oportunidad perdida para modernizar y alinear mejor las prioridades del sector seguridad.

Twitter: @laloguerrero

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