Opinión

Debatir con sustantivos, no con adjetivos

Del plato a la boca, se cae la sopa. Es algo que en México debemos entender perfectamente bien en la medida que se avance en aterrizar las reformas estructurales que ya se consiguieron a nivel constitucional.

Ayer se expresó otro problema serio tras haberse presentado la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Los líderes nacionales del PAN y del PRD, Cecilia Romero y Jesús Zambrano, expresaron su rechazo a algunos términos de esa ley, poniendo énfasis en una presunta reducción de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En realidad, los contrastes se están haciendo principalmente entre borradores que circularon previamente y la redacción que se propuso en la iniciativa enviada al Senado.

Las definiciones constitucionales respecto a las facultades del Instituto especificaban pocas cosas, por ejemplo en materia de regulación de contenidos.

El artículo 28 Constitucional señala como facultades del IFT:

“…tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución”.

En el transitorio Tercero se refiere que la ley secundaria, no específicamente el Instituto, deberá:

“IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”.

Luego, en el artículo transitorio Décimo Primero de la reforma constitucional se señala lo siguiente:

“Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales.

“La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento.

“Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral.”

Sin duda el tema va a ser controversial, pero en una revisión del texto constitucional, no parece haber contradicciones con los términos propuestos en la ley y la Constitución.

Sin embargo, lo sano sin duda, es que se dé un debate preciso e informado, que puntualice las posiciones y de ser necesario cambie los términos de la ley en función del interés del desarrollo del país.

Lo peor que podríamos tener es un escenario en el que se cruzan fundamentalmente descalificaciones y adjetivos, porque ese clima puede atorar una legislación que es vital para nuestro desarrollo y que podría cambiar el rostro de México pronto.

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