Opinión

Postdebate energético

La promulgación de las leyes secundarias en materia energética distan mucho de ser el final del debate en la materia; por el contrario, puede ser el inicio de varios nuevos puntos de discusión que tienen como fondo las consecuencias de dicha reforma. Aunque no parezca, la entrada en vigor de estas disposiciones son oxígeno puro para la oposición –tanto la que estuvo a favor como en contra- ya que ponen al gobierno de Enrique Peña Nieto en el ojo del huracán político porque, por un lado tendrá que enfrentar a una izquierda que continúa empecinada en llevar a cabo una consulta popular que no puede versar con carácter retroactivo sobre la reforma constitucional ya aprobada y sus leyes en vigor, y por otro a una derecha que sentirá tener toda la legitimidad de exigir al gobierno federal una reactivación real de la economía nacional, algo que hasta el momento sigue siendo junto con la seguridad pública el talón de Aquiles peñista.

Ya se comienzan a escuchar voces de todos los orígenes político partidistas que van desde el exacerbado optimista priista que ven en la reforma energética un paso firme para salir del subdesarrollo, hasta una izquierda recalcitrante que ve complots y robos en despoblado a una nación engañada, somnolienta y aletargada. La realidad es que parecen poco serios uno y otro análisis, toda vez que las reformas siempre están pintadas con claroscuros positivos y negativos. El propio presidente Peña Nieto ha apostado mucho de su capital político con esta reforma en particular e incluso lo dijo en su mensaje a la nación, al argumentar que ahora viene la parte de la instrumentación de las mismas para alcanzar el desarrollo nacional y el crecimiento económico.

¿Qué hará Peña y su gobierno si a pesar de tener ya en el bolsillo la reforma y sus leyes secundarias la economía continúa mostrando un desempeño tan mediocre como el que ha tenido a todo lo largo de su sexenio? Sin duda alguna que este escenario sería el peor para el país…y para el gobierno. Y sin embargo, sería un gran regalo a panistas, perredistas y morenos que tendría con ello un gran capital político para llegar a 2015 y a 2018 bajo el argumento de un fracaso estrepitoso del gobierno tricolor.

Las izquierdas han comenzado ya su nueva batalla por la consulta popular y parece ser que se acogerán a los argumentos falaces y sin sustento que los caracteriza cuando saben que emprenden batallas perdidas. Las declaraciones de Jesús Zambrano en el sentido de que el gobierno federal ha comenzado un cabildeo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que descalifiquen la consulta popular, es una prueba de ello. Sin evidencia alguna, suelta esta declaración toda vez que su planteamiento ha sido incorrecto desde el inicio.

La consulta popular a la que quieren convocar en 2015 no puede versar sobre la revocación de las reformas constitucionales ni sus leyes secundarias, por cuestiones jurídico constitucionales que, entre otras cosas, deben proteger los derechos adquiridos. Lo que sí procedería sería una consulta popular para hacer una reforma de las reformas. En caso de que participe en dicha consulta por lo menos el cuarenta por ciento de la lista nominal, su resultado sería vinculatorio.

Es por ello que las izquierdas –en concreto el PRD- deberían preocuparse más por hacer un correcto planteamiento de la consulta popular antes de descalificar la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con señalamientos sin pruebas conocidas. Es en este contexto que comienza el nuevo debate sobre la reforma energética, con un gobierno federal que desea a toda costa que sea exitosa y una oposición que no vería con malos ojos que no lo fuera. La realidad es que el debate energético seguirá presente en nuestra política nacional por su importancia y sensibilidad para los mexicanos. Habrá que esperar para ver si la decisión fue la correcta. Ojalá que sí.

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