Opinión

2 de octubre

Hace bastante tiempo que la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 no se daba en un entorno sociopolítico de tanta violencia. La marcha de estudiantes y profesores del Politécnico en la ciudad de México –la asistencia calculada por la Policía del Distrito Federal fue de 60 mil personas– terminó en un diálogo directo, en la calle, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La apertura dialoguista fue interpretada por quienes encabezaron la marcha como un acto demagógico. Dar la cara el número dos del gobierno federal, no fue suficiente para aplacar los calores de otoño que esbozan turbulencias.

La marcha de los estudiantes fue precedida por días de movilizaciones en el Politécnico en oposición a un nuevo plan de estudio en una de sus escuelas, y de un nuevo reglamento interno. En ese periodo de agitación, otras cosas sucedieron. Al otro lado de Zacatenco, en el campus de la UNAM, la rebelión se aceleró. Estudiantes de preparatoria y de los CCH comenzaron sus acciones contra el sistema, mientras que los grupos más radicales, o expresiones de éstos, le pusieron bombas molotov a tres vehículos en la entrada a Ciudad Universitaria.

A menos de 200 kilómetros de la ciudad de México, en Iguala, aparecieron las pancartas de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, con la que padres de estudiantes de normalistas de Ayotzinapa reclamaron a las autoridades que desde el viernes pasado, cuando la Policía Municipal de Iguala los atacó y mató a tres de ellos –y a otras tres personas–, están desaparecidos. La frase en las pancartas, en la coyuntura actual, llama la atención: es la misma con la que desde 2007 el Ejército Popular Revolucionario (EPR) exige al gobierno que le dé razón de dos de sus dirigentes –uno de ellos hermano del jefe histórico de esa guerrilla–, que desaparecieron una tarde de mayo de las calles del centro de Oaxaca.

Los sucesos de Iguala provocaron la detención de dos decenas de policías a los que responsabilizan de presunto homicidio. Pero si la variable del delito del fuero común queda aparentemente en vías de solución, no resuelve en absoluto la participación de personas encapuchadas que junto con la Policía Municipal dispararon contra los normalistas. Investigaciones de la Policía Federal apuntan a que se trató de sicarios del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona presuntamente protegido por el alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, quien tiene vínculos familiares con exjefes locales del narcotráfico, asesinados en las peleas internas de los cárteles en 2009.

Por qué se utilizó la fuerza letal contra normalistas que habían secuestrado autobuses respaldados por paramilitares, lleva a la duda de si en el fondo lo que buscaban exterminar no era la protesta, sino aspectos de mucho mayor calado de lo que aprecia el gran público. En esa zona hay actividad –además de la delincuencia organizada–, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una guerrilla escindida del EPR, que tiene una relación histórica con la Normal de Ayotzinapa, donde estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los iconos de la guerrilla rural en México.

El ERPI tiene cuentas pendientes con Abarca Velázquez, a quien acusan del asesinato el año pasado de ocho dirigentes de la organización Unidad Popular. Los normalistas de Ayotzinapa llegaron a Iguala para hacer una jornada de boteo, a fin de obtener recursos para viajar este 2 de octubre a la ciudad de México, aunque es irregular que vaya acompañado por toma de autobuses. Lo que pasó en Iguala es más cercano a una puesta de escena de provocación, a la cual se respondió con fuerza mortal.

En cualquier caso y bajo cualquier hipótesis, contribuyó al clima de enrarecimiento social y de causa para la movilización. Los bombazos molotov en Ciudad Universitaria son síntomas de la descomposición que se está viviendo –aunque sencillos en su manufactura, no son dispositivos que utilicen los jóvenes en una tarde de farra. Ese tipo de acciones, más allá de sus autores intelectuales y materiales, no pueden ser vistos fuera del contexto del clima social imperante. Los brotes de rebeldía que enfrenta la UNAM desde hace semanas, ya tomaron cuerpo beligerante, con la toma de un plantel del CCH en la víspera del 2 de octubre.

Los órganos de seguridad del Estado, que han estado pendientes de lo que ha venido sucediendo –no con tanto detalle e interés en el resto del gobierno federal–, se encuentran en alerta. No se han establecido conexiones entre la movilización en el Politécnico –aunque el discurso radical de algunos de los que encabezaron la marcha es de cuadros políticos formados– y la agitación universitaria. Tampoco está probado si los sucesos en Iguala están contemplados en la construcción de condiciones propicias para la confrontación.

Pero desde hace meses se tienen reportes de que hay esfuerzos de articulación entre diversos movimientos sociales con cara legal y cuerpo clandestino, en espera que esté madura la contradicción de la inconformidad política y la precariedad económica, que pudiera permitirles, como al EZLN en 1994, generar una fractura hacia el interior del Estado mexicano y alcanzar sus objetivos revolucionarios. Si el 2 de octubre no es la víspera de este comienzo, la caldera sí se está calentando.

Twitter: @rivapa