Opinión

De la simulación en el pago a la colaboración

 
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SAT Querétaro

Ya es lugar común hablar de la dependencia estatal y municipal respecto de las participaciones de los ingresos federales coordinados, que desde hace 36 años representan el principal ingreso de estados y municipios. Conociendo la estructura tributaria del país, así como la de la OCDE y otros países latinoamericanos, nuestra carga fiscal es muy baja, pero eso no significa que tengamos que incrementarla al nivel de Dinamarca, porque hay diferencias estructurales importantes, como la distribución del ingreso, el nivel real de los salarios, el crecimiento económico, el desarrollo desigual de las regiones, el grado de monopolio y oligopolio de las empresas, así como la capacidad de las extranjeras para expatriar utilidades a costa de su pago de impuestos en nuestro país.

La diferencia fundamental está en la fortaleza de la base tributaria. Como ejemplo, retrocedamos en el pasado, a finales de los años ochenta; en ese entonces los estados recaudaban el IVA, con una tasa general de 10 por ciento, que subió a 15 en 1983, era un impuesto joven que tenía seis años de haberse introducido en lugar del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y la desaparición de cientos de impuestos estatales y federales al consumo. Se reflejaba en su recaudación la diferencia que había en los niveles de desarrollo y en la capacidad de los contribuyentes en cada entidad federativa: dado el sistema de coordinación ya existente, la recaudación de los estados de base tributaria reducida cobraban una pequeña parte de los recursos que les correspondían, era el caso de Oaxaca, Hidalgo o Michoacán, otros como Nuevo León cobraban más de lo que les tocaba y el excedente lo concentraban en la Tesofe, que depositaba a los otros lo que les faltó. Ese sistema no funcionó y a fines de los años noventa se concentró la recaudación del IVA en la Secretaría de Hacienda, que a cambio les dio más facultades e incentivos en materia de fiscalización coordinada a todos los estados, excepto en grandes contribuyentes, materia reservada aún hoy al SAT.

Un tema es el referente al pago de contribuciones de los funcionarios públicos, impuestos retenidos por el patrón, esto es por el estado. Había verdaderas simulaciones que a principios de 1988 se lograron corregir en algunos, que no en todos. El subsecretario de Ingresos de ese momento convenció a muchos de regularizar las retenciones y pago del ISPT, y empezaron a pagar correctamente. Los que no lo hacían regañaban a los cumplidos, por convencimiento o por miedo, porque existe corresponsabilidad del funcionario que no retiene.

Cuando se mandaron cartas invitación a los gobernadores, en 1993, algunos reaccionaron con enojo e incluso había objeción por parte de funcionarios de Ingresos, aún no existía el SAT.

Posteriormente, durante el sexenio del presidente Fox, la Secretaría de Hacienda inició auditorías a municipios y a algunos funcionarios estatales, por lo que se diseñó un programa para regularizar el pago del ISPT con un esquema progresivo: el primer año 20 efectivo, 80 virtual, así hasta cerrar el ciclo. Protestaron estados como Aguascalientes que sí pagaban, incluso el Distrito Federal, pero otros lo aprovecharon. Algunos gobernadores protestaron por las auditorías, pero lo que se quería era que la nómina de los funcionarios, incluidos los señores gobernadores, se pagara correctamente.

Desde 1998 el secretario de Finanzas de Nuevo León propuso que el ISPT cobrado al personal de las entidades se participara al 100 por ciento a los estados. La idea evolucionó, hasta que considerándolo un acto de colaboración administrativa, desde 2015 se crea el Fondo ISR, con el que se les participa el 100 por ciento de lo que enteró a la Federación. En 2015 fueron 31 mil millones de pesos, el año pasado 54 mil millones.

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