Opinión

5 de enero, 2015

Arranca el año político. Desde diciembre se sabía que el presidente Enrique Peña Nieto iba a realizar cambios en su equipo y estrategia. Un grupo de asesores lo analizó mientras se encontraba de gira por Asia, y concluyó que había que cambiar piezas importantes en el gabinete, y en el rumbo. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa galvanizó la inconformidad nacional y detonó la protesta nacional. En los primeros 100 días de la crisis, hubo 381 manifestaciones en el país. Las imágenes de ingobernabilidad produjeron que los inversionistas europeos decidieran no traer dinero a México en 2015. El presidente Peña Nieto tenía que dar un golpe de timón creíble.

El modelo de presidencia tripartita y su sistema endogámico para la toma de decisiones, se acabó. Al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su alter ego durante casi una década, lo enviará como embajador ante la Casa Blanca, donde el actual representante, Eduardo Medina Mora, se integrará como procurador general, en sustitución de Jesús Murillo Karam, que pasará a su ansiado retiro, para recuperarse de los problemas de salud que lo han aquejado desde el inicio de la administración.

En sustitución de Videgaray, Peña Nieto nombrará a un financiero reputado en el mundo, con la credibilidad que requiere para este momento donde han perdido la fe en el proyecto del presidente: Agustín Carstens, actual gobernador del Banco de México. La otra pata del modelo peñista en el gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, también será removido. Al perder Peña Nieto a Videgaray como una de sus cartas sucesorias para 2018, necesita proteger a Osorio Chong, la única posibilidad real que le queda para la continuación de su proyecto.

El presidente tiene pensadas dos alternativas. Una es mantener la Secretaría de Gobernación, pero otorgando autonomía a la Comisión Nacional de Seguridad, para quitarle el tamiz policiaco a la gobernabilidad, y nombrar en el cargo al diputado Manlio Fabio Beltrones. Osorio Chong será el coordinador del PRI en el Congreso, desde donde se construirá su candidatura presidencial. Las críticas a Peña Nieto de que entregó la presidencia a Beltrones, no pasarán de ser una ocurrencia. En Bucareli será, como dice la ley, encargado del despacho, y las decisiones cruciales y estratégicas las mantendrá Peña Nieto.

La otra opción es audaz: convertir a la Secretaría de Gobernación en Secretaría del Interior, con Medina Mora al frente, y designar como nuevo fiscal general a un abogado panista. Es la receta del expresidente Ernesto Zedillo, quien para recuperar la credibilidad en la PGR nombró a Antonio Lozano Gracia. De cuajar este modelo, la operación política pasaría al jefe de la Oficina de la Presidencia, que operaría como jefe de gabinete –similar a la Casa Blanca–, donde el actual responsable, Aurelio Nuño, saldrá hacia una posición en el gabinete. Llegará a su lugar un político con experiencia, cuyo nombre aún no se decide.

Los cambios no son suficientes si van solos. Peña Nieto recompondrá sus alianzas y pactará con los empresarios ajustes fiscales en prestaciones y deducibles este año, con lo cual buscará cerrar las heridas de la reforma financiera. A ellos y al gobierno de Estados Unidos –se lo dirá el 6 de enero al presidente Barack Obama en Washington–, también les garantizará que las futuras licitaciones serán manejadas con transparencia, donde los grupos empresariales mexiquenses no sean beneficiados en automático. Como le pedirán pruebas, sacrificará al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien le fincarán responsabilidades penales por la opacidad de los concursos.

El restablecimiento de las alianzas se acompañará con la pacificación del sur del país. El 15 de enero se abrogará de facto la reforma educativa en Guerrero y Oaxaca, porque al empezar a pagar el gobierno federal a los maestros censados, se incluirá a cuando menos cuatro mil que no lo fueron. Será la victoria de la disidencia magisterial sobre la reforma educativa, que canjeará la paz por plazas y dinero. El statu quo en esos estados se mantendrá.

Al estado de excepción de la reforma educativa, se les sumará un Plan Marshall para reconstruir Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Carreteras que conectarán a las comunidades más marginadas, e infraestructura. Costará mucho dinero, pero todo será siempre más barato que dos estados que proyecten al mundo imágenes de un Estado fallido.

Finalmente, para que todo funcione se necesita un verdadero Estado de derecho. Peña Nieto procesará a un selecto grupo de presidentes municipales, regidores, diputados, empresarios y periodistas vinculados con el crimen organizado, lo que será la primera señal contra la impunidad. Para quien delinca, los costos serán altos.

Este 5 de enero marca la recuperación de la presidencia de Peña Nieto y el relanzamiento de su legado de reformas. No habrá un nuevo mexican moment, pero habrá un México estable, con rumbo y visión de Estado. Sólo hay un problema. Estas iniciativas son producto de la imaginación de quien esto escribe, no del presidente, quien hasta ahora apunta a mantener las cosas como están, con el mismo equipo y modelo. Hay visiones diferentes sobre el estado de cosas del país, pero quien decide es el presidente, que tiene por ley el mandato para tomar decisiones colectivas en nombre de los mexicanos, aunque muchos sientan que mucho los han afectado.

NOTA: Esta columna dejará de publicarse la próxima semana. Reanudará su publicación el lunes 29 de diciembre.

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