Opinión

De cabildeo y política

 
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sesión diputados. (cuartoscuro)

En el Congreso se aprobará la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal sin modificaciones a tasas impositivas. Pasará al Senado para aprobación y entonces se definirá si se realizarán ajustes al Presupuesto 2017, aún cuando se mantenga el superávit fiscal indispensable para la estabilidad. Las presiones fuertes, todos reconocen la necesidad de un ajuste, cómo aplicarlo es otro asunto. El Secretario Meade dialoga con legisladores.

Ya se seleccionaron a los ciudadanos que integrarán el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y rindieron protesta. Los perfiles corresponden a quienes ya venían trabajando este tema desde la sociedad civil. Falta aún definir los recursos para su funcionamiento, así como el nombramiento del Fiscal.

Se celebran los 63 años del voto femenino en México y en el Congreso se efectúan diversos foros. Pasamos del voto a la cuota de género, y ahora a la paridad. Las resistencias culturales para el avance de la igualdad entre hombres y mujeres es un tema de educación, tomará tiempo avanzar. Lograr una sociedad igualitaria donde no exista discriminación por motivos de sexo es posible. La sociedad debe incluir a la mitad de la población en la toma de decisiones, pues excluirla limita las posibilidades de avance en el diseño de políticas públicas. El reto de ONU en 2030 es avanzar en ese sentido. México ha asumido el compromiso y falta mucho por avanzar.

La violencia contra las mujeres es un lastre, el maltrato, el abuso, el acoso, las ofensas, son manifestaciones cotidianas de la realidad de vida de muchas mujeres. El embarazo adolescente habla del fracaso por erradicar patrones de subordinación de las mujeres. El feminicidio se ha incrementado en la medida en que las mujeres se visibilizan y participan más activamente en su entorno. Frenarlo es imperativo. Juzgar con perspectiva de género ayudará a evitar impunidad.

Otro aspecto que se hace más común es la violencia política de género a partir de que se estableció la paridad como principio para registrar candidatos en Congresos, y más recientemente en Presidencias Municipales. Los partidos han buscado eludir el cumplimiento y el TEPJF ha mandatado acatar la disposición. Hoy las mujeres acuden más a las instancias judiciales en busca de la defensa de sus derechos políticos. El problema es que aún cuando ganan casos, los partidos no las postulan y las marginan. Colocan los dirigentes a hijas, esposas, hermanas, afines a los desplazados. Las quejosas son aisladas, se les pide renunciar a cargos partidistas. En el caso de logar candidaturas, no se les apoya con financiamiento para su proselitismo. Y bueno, algunas ganan, y luego se les pide la renuncia para preservar la paz social como ha ocurrido en Chiapas.

Pese a sentencia de TEPJF para revertir renuncias inducidas en Chenalhó y Oxchuc, no hay garantías para que las mujeres puedan desempeñar su cargo. Me parece injusto que la violencia política sea el costo a pagar por una mayor participación. Aún cuando la sentencia solicita la actuación de autoridades para garantizar derechos políticos, en la práctica, el apoyo es casi nulo.

En el Congreso se han presentado 12 diferentes propuestas para legislar en materia de violencia política de género a fin de que se tutelen derechos y se otorgue la protección de las autoridades en forma obligatoria y no como hoy sucede, a base de sentencias cuyo alcance es limitado. Aún se debate el tema.

El Estado laico garantiza democracia; sin embargo está cuestionado bajo el pretexto de la iniciativa de Enrique Peña sobre matrimonios igualitarios. Hoy se cuestiona la educación laica y se pretende imponer una “con valores” que son los religiosos de los proponentes. Ya el texto constitucional incorpora el concepto de República laica, pero no se ha homologado en las Constituciones de los Estados. Al efecto el diputado Jaime Guerra, PRI, prepara iniciativa para reformar el artículo 116 a fin de que sea obligatorio dicho concepto. Y más allá de declaratorias, para afirmar una conducta laica de los servidores públicos es necesario modificar el marco legal a fin de que las creencias o preferencias religiosas no determinen su desempeño, ya habremos de abordar el tema.

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