Opinión

Datos y sistemas anticorrupción

 
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Ley 3de3. (Cuartoscuro)

Hace unos días, Alejandro Poiré presentó una propuesta provocadora sobre cómo medir el compromiso con la honestidad de los candidatos que busquen puestos de elección popular en 2018. Como sabemos, a principios de 2015 surgió el llamado movimiento 3de3, que originalmente proponía que los candidatos para las elecciones de ese año hicieran públicas sus declaraciones de evolución patrimonial, de intereses y de pago de impuestos.

La propuesta 3de3 tenía varias limitantes: la primera de ellas es que dependía de la voluntad de los candidatos que quisieran entregar la información solicitada. La segunda es la ausencia de mecanismos de verificación de la información. Una vez llenados los formatos era imposible verificar que la información entregada era real, pues los formatos no estaban vinculados con las bases de datos de la Secretaria de la Función Pública, el SAT, etcétera. Una tercera limitante tiene que ver con la excesiva confianza que se tiene en el poder de la transparencia de la información para acabar con la corrupción. La apertura de la información generalmente no es una herramienta poderosa contra la corrupción, debido en parte a que quien comete un acto de corrupción trata en lo posible de ocultar el hecho, no de publicarlo.

Pero 3de3, como estrategia anticorrupción, estaba limitada principalmente porque no se trataba de una acción de política pública. Tal vez la comparación sea injusta y le falte validez, pero el hecho es que ninguna iniciativa anticorrupción operada por la sociedad civil va a tener los efectos y alcances que puede tener una política pública bien diseñada y operada desde el gobierno, apoyado en su infraestructura, plataforma tecnológica, personal capacitado e información. Es por ello que la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción debe orientarse al fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir la corrupción, y no solamente en la publicación de datos; tiene que discutir cómo utilizamos mejor y de forma estratégica la gran capacidad que tienen las instituciones públicas para prevenir e investigar la corrupción.

La propuesta de Alejandro Poiré es que los expertos en anticorrupción trabajen en la creación de indicadores que nos digan algo sobre el desempeño de los candidatos en sus responsabilidades públicas anteriores, i. e., cuánto gastaron las dependencias a su cargo, cuántas observaciones, investigaciones y sanciones recibieron de la ASF, la publicación de esa información en formatos accesibles, los recursos invertidos en licitaciones y adjudicaciones directas, antigüedad promedio de los proveedores beneficiados y cuánto de lo adquirido a través de la plataforma Compranet cumplió con el tiempo mínimo de las bases de licitación. Si bien esta lista de indicadores no es exhaustiva, es una idea que debe aterrizarse y discutirse y que me parece que va por el camino correcto.

A principios de 2016 asistí en París a la Semana de Integridad que organiza anualmente la OCDE, y a la que acuden expertos anticorrupción, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de organismos multilaterales y servidores públicos. Ahí, el representante de Rumania describió un sistema llamado Prevent, desarrollado por la Agencia de Integridad Nacional de ese país con la asesoría del Banco Mundial. El sistema Prevent genera alarmas de posible corrupción en tiempo real, al vincular su sistema electrónico de compras públicas con los sistemas de recursos humanos del gobierno, de tal forma que es posible saber si servidores públicos son socios de empresas que le venden al gobierno antes de que inicie el proceso de compra. Más adelante en la reunión me confirmaron que otros países como Letonia y Brasil se encuentran diseñando sistemas parecidos explotando datos en formas novedosas.

Al salir de la Secretaria de la Función Publica (SFP) en noviembre del año pasado, dejé andando un proyecto a dos años con expertos del Banco Mundial que diseñaron el sistema de Prevent de Rumania, para revisar los sistemas electrónicos del gobierno de México y hacer una valoración de los retos tecnológicos y administrativos que tenemos para hacer un sistema parecido. Sistemas como Compranet, Declaranet, RHnet, SIDEC, SIA, RUPC, RENIRESP y otros de la SFP tienen limitantes que no permiten explotar adecuadamente la información para prevenir la corrupción; tampoco pueden vincularse para generar alarmas y orientar las investigaciones. Hay otros sistemas en el SAT y otras dependencias con datos que puede ser utilizada para fortalecer la capacidad del gobierno para prevenir la corrupción. Existe un enorme potencial para fortalecer la interconectividad entre esos sistemas para explotar su potencial.

Tenemos la capacidad de transformar los sistemas que actualmente tenemos y reorientar su utilidad hacia herramientas tecnológicas más robustas que nos den insumos para la investigación de corrupción, para transparentar la interacción entre comprador y proveedor del gobierno y para el monitoreo de las actividades de los servidores públicos vinculados a compras y licitaciones. Un sistema como el que pensamos nos diría si hay empresas 'favoritas', nos ayudaría a identificar empresas fantasma o si en una dependencia se está abusando injustificadamente de la adjudicación directa; si existen relaciones o vínculos profesionales que hagan sospechar de posibles redes de corrupción, y si el estilo de vida y los ingresos de los servidores públicos pueden señalar enriquecimiento ilícito.

* El autor es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard.
Las opiniones del autor son estrictamente personales.

Twitter: 
@benxhill

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