Opinión

Culpables, por negligencia y omisión

 
1
 

 

Miguel Ángel Osorio Chong durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. (Eladio Ortiz)

Seguramente pensó el gobierno federal que después de un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la presión política nacional e internacional bajaría. Pero, al contrario, más que acallar a los críticos y las ONG, las detenciones, las explicaciones, las filtraciones y sobre todo la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, abrió la compuerta de señalamientos en contra del presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad.

Frente a esta realidad y probablemente por la frustración ante los constantes ataques, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comentó en una entrevista radiofónica que “ya basta de señalar al gobierno de la República, que no tiene nada que ver”, refiriéndose a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Fue una autoridad municipal la que participó en esta tragedia”, dijo el titular de Segob. Agregó que “respecto a los jóvenes, nosotros no tuvimos nada que ver, pero sí tenemos mucho que ver en encontrar la verdad”, contestó el secretario en una entrevista sobre los cuestionamientos que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre las investigaciones de la PGR.

En la glosa del Tercer Informe Osorio Chong prometió transparencia en el caso de El Chapo y solución para Ayotzinapa; reconoció que la sociedad “está lastimada” y que para que estos hechos no se repitan “a problemas nacionales habrá soluciones de Estado”.

Importante este comentario, porque el secretario reconoce la frustración de la sociedad.

Pero lo preocupante de esta expresión de “frustración” del secretario Miguel Ángel Osorio Chong es que pareciera que no está reconociendo el porqué de las críticas en contra del gobierno federal. Y aunque tiene razón al expresar su frustración, ya que sí hay grupos que han acusado directamente al Estado mexicano de haber desaparecido a los normalistas, tampoco la mayoría de las críticas señalan que el gobierno mexicano tenga una política sistemática de violar los derechos humanos en el país.

Por otro lado, las acusaciones que hace la comunidad internacional, en general, son más por omisión y negligencia.

Y aunque el secretario Osorio Chong aseguró en la glosa que han tomado importantes pasos para resolver la desaparición de los normalistas: “se han detenido a 111 presuntos responsables, pero se seguirá adelante hasta dar con el último culpable y acreditar plenamente qué fue lo que sucedió, la verdad que todas y todos los mexicanos merecen saber”, esto no es suficiente.

Lo que no dijo el secretario en la glosa, ni en sus comentarios públicos, es qué ha hecho el gobierno mexicano para asegurar que un evento similar a la 'noche de Iguala' no vuelva a suceder. ¿Cómo detener la ola de desapariciones en el país?

En Iguala, por ejemplo, en el último año fue denunciada la desaparición de unas 300 personas y encontrados más de 100 cadáveres en decenas de fosas clandestinas descubiertas a partir de octubre de 2014, cuando se buscaba a los normalistas desaparecidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que desde octubre de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur de Guerrero (20 mujeres y 109 hombres).

Y aunque obviamente el secretario tiene razón en señalar que fueron autoridades locales quienes participaron en la desaparición de los normalistas, también es importante afirmar que ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los tratados firmados por el país y la misma expectativa de los ciudadanos, el presidente de cualquier país tiene la responsabilidad absoluta sobre la seguridad de los habitantes a quienes gobierna.

Y en el caso de los normalistas en Iguala, Guerrero, igual que en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y en todas las ciudades y regiones del país [con este problema], es clara la negligencia si es que no pueden asegurar que las desapariciones masivas no continúen en México.

Y a pesar de toda la atención puesta por el caso de Iguala y la presión internacional, sigue la violencia en Guerrero. No ha habido un claro cambio de estrategia o de funcionarios, ni un incremento en recursos.

Poco ha cambiado desde hace un año que desaparecieron los normalistas en Iguala. La omisión y negligencia tienen consecuencias que pueden ser penales. Si no, que les pregunten a los funcionarios que están arraigados por el escape de El Chapo Guzmán.

También puede conllevar consecuencias políticas, y en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y los cientos de desaparecidos, ésto no ha sucedido.

Twitter: @Amsalazar

También te puede interesar:
El derecho constitucional a la mota
Debate o debacle de Hillary
La realidad no es una conspiración