Opinión

Cristina, bajo la lupa

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Cristina Fernandez

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene ahora formalmente abierto un proceso de investigación por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, además de falsificación de documentos. Resulta “expedita” la justicia argentina en proceder, en tan corto plazo, contra la exmandataria.

Las acusaciones no sólo son en contra de la señora Kirchner, sino también en contra de Máximo, su hijo, como el operador de un esquema de empresas, tráfico de influencias y “favores” de ciertas empresas con la expresidenta y su círculo cercano.

Se trata de la segunda acusación en contra de Fernández de Kirchner quien ha sido señalada en un caso de lavado de dinero por un testigo protegido.

La expresidenta posee –hasta donde sabemos– dos empresas hoteleras al sur del país, en la región conocida como El Calafate, muy cerca del célebre glaciar Perito Moreno. Los Sauces, SA es la empresa que opera los hoteles, holding de otra llamada Hotesur, ambas propiedad de la señora Kirchner y sus hijos. Estas empresas según avanza la investigación, han sido utilizadas para disimular ingresos, convenciones y eventos de otras empresas propiedad de Lázaro Báez
–hoy preso– y de Cristóbal López, ambos personajes cercanos a la familia. El caso y las acusaciones existen desde los tiempos en que Cristina ocupó la presidencia, pero el juez instructor de la causa fue sospechosamente removido en ese entonces.

Ahora con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el caso ha cobrado nueva fuerza, se hacen nuevas averiguaciones y se llama a la propia Crsitina a declarar.

¿El tema es político? –como ella insiste en señalar al arengar a sus simpatizantes en pleno Buenos Aires en su primera comparecencia–, o ¿existen evidencias abrumadoras de la corrupción de Cristina y de su familia? Hay datos independientes que señalan un crecimiento exponencial en el patrimonio de los Kirchner durante sus 12 años en el poder.

Se trata de un tema recurrente en las democracias latinoamericanas que luchan –unas con más eficiencia que otras– por contener, aminorar o disminuir la corrupción. Todo parece depender de la voluntad política del nuevo funcionario, del sucesor, quien instruye a fiscales e investigadores a realizar su trabajo, porque de otra forma, no sucede nada.

Mauricio Macri, el nuevo presidente de Argentina y sucesor de Cristina, ha enfrentado apenas un ejemplo de la fuerza y el músculo de los seguidores de Cristina. En protestas y paros se opusieron a que fuera citada a declarar y han amenazado con un paro general de seguir la causa y el probable juicio.

Macri ha sufrido ya la disminución en sus números de aprobación popular, cuando inició despidos de oficinas del gobierno para intentar balancear las cuentas públicas. Cristina contrató a decenas de miles de personas durante sus últimos dos años de gobierno para disfrazar un creciente desempleo. Macri pretende enderezar el presupuesto, aunque su estrategia es altamente impopular, lo que Cristina y sus seguidores aprovechan al declarar como “medidas imperialistas” las del nuevo presidente.

La justicia, una vez más, atrapada en medio de un enredo político que produce una confusión difícil de desentrañar para el ciudadano común. ¿Hay sustento para un auténtico juicio por delitos cometidos?, o ¿existe una campaña política para destruir la imagen, el prestigio y la reputación de un movimiento?

Vea usted el caso de Brasil, donde la corrupción escandalosa manchó a muchos niveles del partido gobernante (PT) y de los gobiernos de Lula y de Dilma. La pregunta para el brasileño promedio, seguidor y simpatizante de estas figuras es ¿a ellos también?, o ¿se trata de una campaña para destruir a Lula, a Dilma y a su partido para encubrir a otros funcionarios igualmente corruptos?

Respuestas complejas porque casi nunca la justicia a altos niveles se encuentra exenta de política, de manipulación partidista, de intereses electorales. Por desgracia, la justicia –contra la sentencia clásica– no es ciega, ni pareja, ni igualitaria.

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@LKourchenko

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