Opinión

Crisis de confianza

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La administración de Enrique Peña Nieto ha reducido su gasto en publicidad. (Archivo/Cuartoscuro)

En los primeros 18 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) el Ejecutivo centró sus esfuerzos en la aprobación de las iniciativas que presentó sobre las reformas estructurales que precisaba México, y que tuvieron consenso entre los principales partidos políticos. El Pacto por México fue un instrumento fundamental para este propósito que sirvió de foro de negociación entre los partidos; no obstante, ahora algunos políticos consideran que sólo representó una “transacción comercial para comprar la voluntad de la oposición”.

La aprobación de las reformas en el Congreso creó expectativas favorables entre los inversionistas locales, y sobre todo en los foráneos, en relación al futuro de la economía de México. En este ámbito, EPN planteó que el reto de los cambios era llevarlos a la práctica en beneficio de la sociedad.

El perenne sueño de los mexicanos de superar el subdesarrollo se vino abajo en septiembre pasado por la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, que conmocionó al país y provocó una reacción violenta de grupos políticos radicales, de guerrilleros, de maestros y del crimen organizado, que desembocó en enfrentamientos entre esos grupos y las autoridades. Los “revoltosos” con intereses propios, más que un afán de que se hiciera justicia por los condenables hechos, tomaron casetas de autopistas para cobrar el peaje a los usuarios de las mismas; robaron vehículos, muchos de los cuales fueron intencionalmente quemados; con acciones vandálicas se destruyeron instalaciones y equipos de gobiernos estatales y municipales; se bloquearon los accesos a diferentes aeropuertos; se asaltaron tiendas en centros comerciales.

Asimismo, se realizaron manifestaciones públicas en las principales ciudades del país, particularmente en la ciudad de México que han causado elevados costos a los comerciantes y diferentes prestadores de servicios, y se ha violado la libertad de desplazamiento de la ciudadanía en las zonas donde se realizan las protestas públicas, que se han convertido en una constante en la vida del país.

Los hechos mencionados han tenido un efecto adverso en México y en el extranjero sobre la capacidad del gobierno por mantener la paz social; México ocupa el lugar 79 de 99 en el índice de Estado de derecho publicado por el Proyecto Mundial de Justicia. A lo anterior se agregan los conflictos de interés que salieron a la luz pública que involucran a EPN y al secretario de Hacienda en operaciones inmobiliarias con un grupo al que se asignaron obras públicas desde que EPN era el gobernador del Estado de México.

EPN en su visita de Estado al Reino Unido al inicio de marzo, admitió que “México está asolado por incredulidad y la desconfianza; hay sin duda, una sensación de incredibilidad y esto ha provocado sospecha y duda”. Agregó que la crisis de confianza era una oportunidad y que percibía que “aún estamos a tiempo de mostrar resultados para ofrecerles beneficios a los mexicanos. Soy optimista”.

Las afirmaciones de EPN son realistas; empero, en México hay desconfianza sobre su gestión, que se ha generalizado; hay irritación por el impacto negativo de la llamada reforma fiscal y la concesión de obras públicas a grupos cercanos al Ejecutivo. Analistas políticos han consignado que “hay una percepción de la existencia de una sed insaciable en su administración por el dinero fácil: comisiones elevadas a funcionarios por obras públicas y viviendas; mal uso de fondos públicos para casos de emergencia”. Asimismo, los medios de comunicación han expuesto “comportamientos cuestionables” de gobernadores y alcaldes de los tres principales partidos políticos, de líderes empresariales y sindicales, que en la práctica son descarados actos de corrupción y que no han sido castigados los culpables.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100; la escala va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción); México se ubicó en la posición 103 de una muestra de 175 países.

En este ámbito, una parte significativa de los mexicanos considera que la corrupción se concentra en los funcionarios públicos; las auditorías anuales de la Auditoría Superior de la Federación confirman indirectamente esta percepción. En la última auditoria que se presentó a la Cámara de Diputados en febrero pasado, que correspondió al ejercicio de 2012, se reveló un daño al erario superior a 90 mil millones de pesos, previéndose que una vez hechas las aclaraciones podrían recuperarse 50 mil millones.

En este marco, al inicio de marzo la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, enviado al Senado para su eventual aprobación y posteriormente por las legislaturas de los estados. En una encuesta reciente de la empresa Parimetría se indica que ocho de cada diez ciudadanos piensa que la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción ayudaría poco o nada para combatir este fenómeno.

Lo cierto es que resulta difícil confiar en un sistema legislativo que exoneró a Marcelo Ebrad y Mario Delgado, exjefe de Gobierno de la ciudad de México y secretario de Finanzas, respectivamente, de la malversación de fondos en el proyecto de la Línea 12 del Metro.

El columnista de EL FINANCIERO, Leonardo Kourchenko, en un artículo publicado en ese diario el 5 de marzo, mencionó que la Auditoría Superior de la Federación explicó con precisión y claridad que el gobierno de Marcelo Ebrad incumplió disposiciones legales y normativas y que es responsable por malos manejos de recursos, irresponsabilidad en la supervisión y control de los trabajos en la obra; los hechos demuestran omisión, falta de instalación de equipos, obras inconclusas, certificaciones ficticias y penalizaciones no cobradas.

Para Kourchenko, Ebrard y Delgado son responsables directos de las afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El daño patrimonial al erario está hecho y los ciudadanos, con nuestros impuestos, tenemos que pagar por ello. Mientras tanto, Ebrard, después de ser rechazado por el PRD, será premiado como legislador plurinominal del partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, exgobernador de Veracruz (1986-1992) y dueño de ese partido, preso durante un año y tres meses por peculado (450 millones de pesos); abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

El propio EPN piensa que la implementación del sistema anticorrupción sigue siendo “el gran desafío”. No cabe duda de que la corrupción y la impunidad y, en general, la debilidad institucional, son un creciente lastre para el desarrollo de México. Se trata de prevenir y castigar a la corrupción; es un punto crítico para que EPN restaure su imagen y su gobierno recupere credibilidad.

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