Opinión

Credibilidad de Hacienda en juego

 
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Billetes de cien, doscientos y quinientos pesos. (Arturo Monroy)

En los Precriterios de Política Económica para 2017, que envió la Secretaría de Hacienda al Congreso la semana pasada, se plantea un escenario macroeconómico relativamente conservador para el año próximo: crecimiento del PIB entre 2.6 y 3.6 por ciento (comparado con una proyección de GEA de 2.1 por ciento); inflación de 3.0 por ciento (GEA: 3.4 por ciento); tipo de cambio promedio de 17.20 pesos por dólar (18 pesos); tasa de interés de Cetes a 28 días de 5.3 por ciento (5.0 por ciento); precio del petróleo de 35 dólares por barril (25 dpb) y déficit de cuenta corriente de 34.4 mil millones de dólares (33.1 mil millones), entre otras variables.

En el ámbito de las finanzas públicas, que es lo relevante de los Precriterios, se propone una reducción del gasto programable pagado para 2017 –que no es un 'recorte', sino un ajuste con respecto al aprobado para 2016– del orden de $179 mil millones (equivalente a dos puntos del PIB) y, por primera vez desde 2008, un superávit económico primario, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de intereses, equivalente a 0.2 por ciento del PIB. En 2009-2012 el balance primario fue deficitario en 0.6 por ciento del PIB en promedio, nivel que se incrementó a 0.9 por ciento del PIB en 2013-2015, lo que se tradujo en un incremento sistemático de la deuda pública de 29.1 por ciento del PIB en 2007 a 46.9 por ciento del PIB en 2015 y, previsiblemente, a 47.8 por ciento en este año.

Si bien el planteamiento de Hacienda involucraría un ajuste fiscal significativo para 2016 (ahí sí, un recorte de 132 mil millones de pesos respecto al presupuesto autorizado) y 2017, la gran duda es si lo va a cumplir ya que ello no ha ocurrido en los tres primeros años de esta administración, al igual que “no recurrir a mayor endeudamiento”, como lo expone esa Secretaría en su boletín de prensa. En 2013 el gasto programable ejercido excedió en 8.4 por ciento al aprobado, 2.4 por ciento en 2014 y en 2015 con todo y el recorte anunciado en enero de ese año, en 4.3 por ciento.

Así, cuando menos en materia de control del gasto público, la credibilidad de Hacienda no tiene un buen récord.

Además, como históricamente ha sucedido, los ajustes se han dado por la vía fácil de reducir el presupuesto de las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y particularmente la inversión pública. Para 2017 es factible que ello vuelva a ocurrir, aunque Hacienda afirme que “…al contarse con nuevos vehículos de inversión en infraestructura, será posible realizar el ajuste necesario y mantener un flujo importante de inversión en sectores estratégicos”. Es de suponer que Hacienda se refiere a instrumentos vinculados con la denominada Fibra E que permitirían captar recursos de los mercados financieros para canalizarlos a inversiones en el sector energético y, probablemente, de infraestructura de comunicaciones. No obstante, habrá que ver qué tan atractivos resultan esos papeles en un contexto de inestabilidad en el mercado petrolero y, en general, en el entorno financiero internacional.

Otros vehículos para atraer inversiones privadas y sustituir a las públicas han resultado muy poco efectivos, como las asociaciones público-privadas (APP).

En ese marco y un día antes de que Hacienda diera a conocer los Precriterios, la agencia calificadora Moody’s cambió la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa. O esa empresa no se enteró de que la SHCP anunciaría mayores restricciones presupuestales y un ajuste fiscal para compensar la caída del ingreso petrolero, o bien, aún sabiéndolo, no le creyó.

Independientemente de la mala fama que todavía acarrean las agencias calificadoras de deuda desde la crisis de las hipotecas subprime en 2007-2008, cuando no tuvieron capacidad de pronosticar la salud financiera de empresas y de productos financieros ni de anticipar esa crisis, ello constituye un foco amarillo sobre los riesgos que han planteando diversos analistas, GEA incluido, del deterioro de las finanzas públicas y del ritmo de endeudamiento del sector público en los últimos tres años y de la necesidad de revertir esa tendencia. A ver si 2017 es el caso.

Twitter: @ruizfunes

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