Opinión

Crecer

 
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Las advertencias lanzadas la semana pasada por las calificadoras Standard and Poor’s y Moody’s al gobierno mexicano con respecto a la deuda y su manejo a futuro, representan el primer aviso negativo en mucho tiempo, producto fundamentalmente de la imposibilidad de crecer a los ritmos requeridos, y de tener que cargar con pasivos como los de Pemex y eventualmente el problema de las pensiones que tendrá que asumirse de manera más clara en el futuro cercano. Y es que la gran apuesta de la administración Peña se basaba en la coincidencia de las reformas estructurales aprobadas y puestas en marcha, con un escenario económico estable producto de la recuperación de la crisis 2008.

Sin embargo, ninguna de las dos condiciones se han producido en forma total y mucho menos coordinada. Las reformas energética y de telecomunicaciones, así como la laboral y financiera, han comenzado a tener efectos en distintos sectores sociales y en diferentes estados de la República, pero sin incidir de manera significativa en el porcentaje del PIB nacional. Lo mismo ocurre con sectores como el exportador, donde segmentos como el automotor sigue creciendo a pesar de su desaceleración, pero no es capaz de jalar al resto de la estructura productiva del país. A esto hay que aunarle la debacle en la industria petrolera cuyas dimensiones se vislumbran como catastróficas, antes de poder ver la luz al final del túnel.

El incremento de las remesas, el auge turístico, y en general el consumo interno como motores encendidos de una economía a medio vapor, no son suficientes para garantizar un crecimiento de al menos 4.0 por ciento anual que, según las calificadoras, podría garantizar el sano financiamiento de la deuda y su contención de manera inmediata. Hay que considerar además, que el bajo crecimiento a nivel nacional es atribuible a aquellas entidades que se mantienen fuera del esquema modernizador exportador, y cuya carencia de inversión imposibilita de facto cualquier esperanza presente y futura de crecimiento. Los estados petroleros como Tabasco o Campeche, o las zonas bajo fuego guerrillero o de crimen organizado como Guerrero, Chiapas, Michoacán o Oaxaca, no sólo no crecen, sino que hunden al resto del país en su problemática de autodestrucción económica y social.

La respuesta del gobierno ha corrido por la línea de mantener la disciplina financiera, reducir el gasto, y con ello el déficit, y de esta manera cumplir con los requerimientos de las principales calificadoras para mantener el grado de inversión. Sin embargo, esto no será suficiente si no se consigue resolver en el corto plazo el tema de Pemex y su viabilidad financiera, así como el inicio de la conversión económica de los estados del sur-sureste en entidades con capacidad de crecimiento.

El intento de instrumentar las Zonas Económicas Especiales, aunque limitado e insuficiente, va en ese sentido. El problema radica en la falta de alternativas políticas para sacar a esas zonas del país del atraso y la miseria, lo que agudiza las diferencias entre el México modernizador del centro y norte, frente a aquel otro reproductor de cacicazgos, odios, pobreza y frustración social. Es ese México de la pobreza que se autorreproduce una y otra vez, el que no sólo mantiene a millones de mexicanos en condiciones de supervivencia y sin esperanza alguna de salir de ahí en algún momento, sino que arrastra al resto del país a la parálisis económica y a la incredulidad social con respecto al presente y futuro de la nación en su conjunto.

Hay que destrabar el sur, para que el centro y el norte puedan embonar en un todo llamado México, donde las perspectivas de crecimiento y desarrollo sean para la mayoría y no para unos cuantos.

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