Opinión

Crecen exponencialmente demandas por derechos de autor

 
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Johnnie Walker. (www.thespiritsbusiness.com)

Dos reclamaciones por uso ilegal de derechos de autor han llamado poderosamente la atención recientemente. La primera, la demanda que el cantautor Armando Manzanero formuló a Unilever por la utilización de un fragmento de una de sus canciones; la segunda, la que el actor Gael García siguió en contra de Johny Walker por el uso no autorizado de su imagen.

En el caso del maestro Manzanero, la reclamación es por el supuesto uso fuera del plazo autorizado de su conocida canción “Contigo aprendí”, en anuncios de la marca Knorr. En el caso de Gael su imagen fue empleada sin su consentimiento, como ejemplo de grandes hombres que la marca elogia, en los anuncios del conocido whiskey.

Si los asuntos no involucrasen a dos conocidos protagonistas del ambiente artístico en nuestro país no habría motivo de interés. Sin embargo, estos dos procedimientos son solo una muestra de la andanada de juicios de este tipo que han escalado a los tribunales civiles en los últimos meses. La mayor parte de los juicios presentados son de modelos que se duelen de que su imagen es utilizada más allá de los límites contractuales, sea porque se emplean fuera del plazo pactado, o bien en medios que no fueron considerados inicialmente.

La razón que explica el crecimiento exponencial de este tipo de procedimientos es la reforma de diciembre de 2013 a la legislación autoral, que eliminó el requerimiento que obligaba a acudir previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en busca de una declaratoria de infracción administrativa. En el pasado, cuando un empresario utilizaba la imagen de un modelo, o una obra musical fuera del plazo inicial autorizado, solía dirimirse en un procedimiento de avenencia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con reglas y formas ya muy acotadas a los usos y costumbres.

Lo que tienen en común este tipo de reclamaciones judiciales es que, en todos los casos, los demandantes pretenden pagos que se calculan en el 40% de las ventas del producto anunciado durante el periodo en que la violación de derechos fue cometida. Por razones obvias, en todos los casos los números crecen de manera desproporcionada, ya que regularmente se trata de productos o servicios de marcas importantes que se venden masivamente.

Diversas empresas que están expuestas a este tipo de reclamos consideran que con la dificultad que existe en controlar el uso de cierta publicidad en la que aparecen modelos, una vez que el plazo concluye, los podría llevar a reconsiderar seriamente otras opciones, dada la gravedad de las reclamaciones y la intransigencia con que sus adversarios están ventilando los casos.

Por lo pronto, tiene el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, por ser el que concentra el mayor número de casos, la difícil tarea de sentar precedentes que habrán de orientar los criterios que en el futuro serán observados en la materia. Para una ley desorientada y ambigua, lo que se espera es una labor judicial razonada y sensata.

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