Opinión

Corrupción
y obra pública

Hace algunas semanas en España se destaparon escándalos de corrupción en múltiples ámbitos. Si bien muchos de ellos ya se conocían de manera pública, lo que sorprendió fue la acumulación de casos y la variedad de los involucrados. A la fecha, existen más de mil 900 imputados en 130 causas judiciales; sin embargo, sólo hay 170 condenados, de los cuales menos de 30 están en prisión: el resto fue inhabilitado para ejercer funciones en el sector público, multados o simplemente evitaron la cárcel con fianzas u otros recursos legales. Suena familiar.

Corrupción en diversos sectores de la actividad económica: financiero (Caja Madrid, Bankia); turístico y de la construcción (Marsans y otros); en el laboral con los denominados Expedientes de Regulación de Empleo, con argumentos falsos para reducir los costos de las empresas, muchas de ellas grandes transnacionales; aeronáutico (Aerolíneas Argentinas); en clubes de futbol (empresarios vinculados con el FC Barcelona); partidos políticos (como el extesorero del Partido Popular, hoy en el poder); pero sobre todo, de funcionarios públicos en comunidades autónomas (Jordi Pujol en Cataluña) y alcaldías en la que la lista es larga: Marbella, Castellón, Valencia, Tenerife y, como dicen, las que se sumen esta semana.

Corrupción en diferentes modalidades: sobornos, favores, “facilitación” para hacer negocios, fraudes fiscales directos o mediante evasión en paraísos tributarios. Los mayores casos de corrupción, por su monto y número de involucrados, se concentran en actividades urbanísticas y en contrataciones irregulares, es decir, en obras públicas. El paralelismo con México es evidente. La mayor corrupción se da en estados y municipios y sobre todo se vincula con la obra pública, con el agravante de la gestión generalizada de legisladores en las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación (de acuerdo con información de prensa, los diputados asignarán 10 por ciento del presupuesto a obras para obtener beneficios políticos en el año electoral) y la infiltración -o toma completa- por parte de la delincuencia organizada de múltiples presidencias municipales.

Las implicaciones no son menores. Esta semana, frente a “dudas” en la transparencia y equidad del proceso para la licitación del tren de pasajeros México-Querétaro, se decidió “cancelar” la asignación al grupo ganador que construiría y operaría ese proyecto. Después de una defensa a ultranza del concurso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se anunció que el presidente Peña decidió suspender el resultado y reponer el proceso. Pésimo antecedente cuando se supone que la licitación cumplió todos los requisitos de ley en términos de publicación de bases, juntas de aclaraciones, plazos (que después, y sólo después de que perdieron algunos participantes cuestionaron), evaluación de ofertas técnicas y económicas y fallo del concurso. Así, sin formar parte del comité evaluador, el presidente fungió como el “máximo elector” en el proceso.

En el marco del más ambicioso programa de infraestructura de los últimos años, incluidas las inversiones vinculadas con la reforma energética, es preocupante una decisión de esa naturaleza. Lo que se requiere es otorgar certidumbre jurídica a las inversiones y, sin duda, ese no es el camino. En todo el mundo se cuecen habas.

El reto será conciliar concursos y procesos de obra pública transparentes y con certeza, además de apegados a la legalidad, con una política de Estado que combata la corrupción a fondo, lo que implica armar bien los casos –la experiencia de la Secretaría de la Función Pública en los últimos años es lamentable, al acusar a funcionarios sin fundamento y soslayar los casos evidentes de corrupción– y aplicar la ley sin cortapisas . El tema no sólo es diseñar esa política y su estrategia, sino instrumentarla adecuadamente, lo que requerirá un cambio de fondo en el Poder Judicial: jueces y tribunales independientes, “blindados” contra prácticas de corrupción y especializados en los diversos temas.

Twitter: @ruizfunes