Opinión

Corrupción por omisión

 
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San Lázaro

Una de las razones de que las irregularidades que detecta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no sean sancionadas es la falta de acción de quienes deben castigar los delitos como peculado, desvío de recursos públicos o enriquecimiento ilícito. Mientras la ASF presenta año con año denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), ésta archiva muchas o investiga de forma insuficiente.

Con el paso del tiempo se declara la no acción penal o simplemente se desechan las investigaciones sin que se conozca el destino de tal o cual denuncia. Por eso sólo 3.0 por ciento de las denuncias son consignadas ante un juez.

Lo mismo ocurre con los expedientes que se envían a las contralorías de los estados o a la Secretaría de la Función Pública. Si no hay un seguimiento oportuno, las irregularidades administrativas carecen de castigo.

Para garantizar que la ASF cumpla su función y sus acciones contribuyan al uso honesto de los recursos públicos, existe la Comisión de Vigilancia –la de mayor antigüedad en el sistema político mexicano, data de 1824–. Como su nombre indica debe supervisar y dar puntual seguimiento a lo que hace y no hace la ASF. Pero sucede que dicha Comisión ha realizado una función deficiente que ha contribuido a la impunidad para castigar las irregularidades del gasto público en México.

En el micrositio de la Comisión hay información escasa. No hay minutas de las reuniones que ha celebrado. Hay una pestaña de información con los integrantes de la Comisión, pero tiene la lista de nombres de diputados de la Legislatura anterior. De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria, la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia está programada para hoy (por ley deben reunirse una vez al mes, eso es, debería haberlo hecho ya en cinco ocasiones).

Hace varios años la Comisión de Vigilancia argumentó que requería un cuerpo técnico para revisar el trabajo de la Auditoría. En lugar de recurrir al trabajo de los 30 legisladores que la integran, así como de sus asesores, se creó una burocracia para vigilar a la Auditoría, llamada Unidad de Evaluación y Control (UEC). La UEC es la encargada de vigilar las acciones del titular de la ASF y la instancia a la que acuden las dependencias auditadas cuando consideran que las acciones de la ASF han sido excesivas. Desafortunadamente, muchos legisladores desconocen su existencia, su presupuesto y su utilidad.

Desde que apareció el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, no se conoce una posición institucional de dicha Comisión.

Tampoco ha habido una reflexión de su presidente ni una propuesta de cómo dicha Comisión puede ayudar a combatir el rezago en la atención de denuncias de hechos, ni tampoco cómo puede vincular el hallazgo de irregularidades de muchos gobiernos estatales con la aprobación de sus presupuestos.

Integrantes del PRD han presidido dicha Comisión en las últimas tres legislaturas bajo la premisa de que como partido de oposición estarán más intestados en usar ese espacio para exigir cuentas al gobierno.

Pero no parece haber interés en ello.

Por omisión la Comisión de Vigilancia está tolerando que el mal uso de los recursos públicos prolifere. Se llama obstrucción de la justicia cuando una autoridad no lleva a cabo sus obligaciones para cumplir una misión que combata la corrupción o propicie el castigo de delitos. ¿Acaso el PRD no debe pedir cuentas a quienes han presidio dicha Comisión? ¿Y quién exige cuentas al conjunto de esa Comisión?

Hay corrupción por comisión pero también por omisión. Si los ejecutivos son campeones en corrupción por comisión, los legislativos lo son por omisión. La impunidad es resultado de la omisión, en ocasiones complaciente, que ha caracterizado la labor del Congreso mexicano en los últimos años y que no se alteró por la existencia de gobiernos divididos.

En ocasiones sólo oímos estridencia, pero no vemos acciones concretas del Legislativo para combatir desde hoy, no mañana ni pasado, la corrupción. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción es una buena noticia y el Congreso merece un reconocimiento por ello, pero en ocasiones se ha convertido en un pretexto para dejar pasar las cosas. El Informe de la Cuenta Pública 2014 es la mejor oportunidad para que la Cámara de Diputados empiece a cumplir ya con su función de control político de los Ejecutivos (porque también puede pedir cuentas del gasto federalizado).

Si el Congreso no ha hecho su parte para combatir eficazmente la corrupción mediante la fiscalización de los recursos públicos, sobre todo cuando ha contado con el apoyo de un ente profesional como lo es la ASF, ¿qué instrumento jurídico tiene una organización de la sociedad civil para reclamar la omisión legislativa en el ejercicio de sus facultades? Hay muchas avenidas novedosas de litigio estratégico que organizaciones de la sociedad civil podrían emprender para ampararse en contra de la omisión de la Comisión de Vigilancia.

Twitter: @LCUgalde

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