Opinión

Corrupción por omisión

 
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Duarte

No sólo quien comete peculado es corrupto, sino quien lo permite por omisión de su función. Que el exgobernador Javier Duarte haya sido detenido en Guatemala es una buena noticia, pero también una oportunidad para castigar a quienes permitieron que tal fenómeno de abuso y degradación moral ocurriera. Que Duarte guste de caballos y casas en Valle de Bravo o que su esposa disfrute comprar en boutiques de Madison Avenue en Nueva York sería un asunto personal e irrelevante si hubiese tenido contrapesos que evitaran que tales gustos se convirtieran en un realidad.

Uno de esos contrapesos es el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), el cual tiene la misión de revisar las cuentas públicas del gobierno estatal. Aunque las irregularidades en el manejo presupuestario empezaron desde hace años –la Auditoría Superior de la Federación (ASF) así lo ha señalado en sus informes anuales–, fue hasta 2016 –después de que Animal Político publicara las operaciones irregulares de Duarte con empresas fantasma– que el Orfis interpuso 10 demandas penales en contra de funcionarios de aquella administración. ¿Por qué tardó tanto en hacerlo y no logró detectar antes lo que sí logró Animal Político mediante una investigación periodística?

Otro responsable directo es el Congreso del estado. Su Comisión de Vigilancia es la responsable política de que los hallazgos del Orfis lleven a denuncias de hechos y que éstas se investiguen por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. ¿Dónde estaban los diputados de esa comisión durante las dos legislaturas del sexenio de Javier Duarte?

Asimismo, la Comisión de Hacienda es la responsable de revisar el avance del ejercicio del gasto público y de aprobar el presupuesto anual con base en evaluaciones de la calidad, cantidad y legalidad del ejercicio de los años previos. ¿Jamás detectó los desvíos que hizo el gobernador? ¿Por qué fueron omisos los integrantes de esa comisión legislativa?

La Procuraduría General de la Republica también fue omisa. Para octubre del año pasado, la ASF había presentado –a lo largo de varios años– 60 denuncias en contra del gobierno de Duarte por el desvío de 60 mil millones de pesos de fondos federales. La orden de aprehensión girada en contra del exgobernador en octubre del año pasado se logró gracias a 32 expedientes armados por el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, la PGR no hizo lo conducente para investigar los hechos denunciados. ¿Cuántos recursos se habrían ahorrado con una acción oportuna del Ministerio Público?

La Cámara de Diputados federal también lo fue, pues es responsable política de garantizar el buen uso de las transferencias federales a las entidades del país.

Ésta debió exigir a la PGR que se llevaran a cabo las investigaciones por las denuncias que había interpuesto la ASF, pero hizo muy poco para ello. Asimismo, cada año aprobaba las transferencias federales del Ramo 33 a pesar de las irregularidades detectadas en los ejercicios previos. ¿De qué sirve la aprobación del presupuesto si no se castiga con menores recursos a quienes gastan mal? Por cierto, un extesorero del gobierno de Duarte, Antonio Tarek, es actualmente diputado federal y, aunque ha iniciado su proceso de desafuero, continúa en el cargo.

Y finalmente, el presidente de la República. Como jefe de Estado y líder político del partido del señor Duarte debió tener la información para conocer los excesos del exgobernador y –con la ascendencia política que tenía– contener a su compañero y amigo. ¿Por qué no lo hizo, si además ese comportamiento dañaba severamente a su partido, al punto de que perdió la gubernatura en 2016? ¿Por qué a pesar de las advertencias que muchos líderes del PRI le hicieron –según se comenta en privado– esperó tanto hasta que la pérdida fue estrepitosa y puede constituir, además, una bola de nieve imparable hacia 2018?

Algunos diputados de oposición señalaron que pedirán la intervención del Sistema Nacional Anticorrupción para castigar al exgobernador.

Pero ningún sistema funciona correctamente si las partes no realizan su labor de manera cotidiana, revisando documentos, haciendo sumas y restas, y pidiendo castigo donde haya delito. El gran problema de la corrupción desbordada que padece México es que todas las partes del sistema han abdicado de su función para prevenirla y combatirla (esa es la llamada impunidad generalizada).

Castigar a Duarte ejemplarmente significaría no sólo sentenciarlo sino castigar a toda la cadena de omisos que con su silencio permitieron uno de los mayores abusos de la vida pública mexicana.

Twitter: @LCUgalde

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