Opinión

Corrupción, la lucha necesaria

El presidente Enrique Peña Nieto rompió con el statu quo. Como lo dijo en el mensaje político con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, enfrentó mitos para cambiar paradigmas. Hubo dificultades, por los intereses y resistencias al proyecto reformador, recordó, pero el país –sumó a todos a su lucha– se atrevió a cambiar. La gran revisión a la primera etapa de su proyecto, que fueron las 11 reformas constitucionales y el rearmado institucional del país, terminó. Falta empujarlas para que entren en acción, dijo. Para la nación, sigue pendiente una cruzada estratégica prometida, contra la corrupción.

En los 21 meses de gobierno, el presidente Peña Nieto ha caminado en esa dirección. Metió en la cárcel a su aliada Elba Esther Gordillo por haber abusado de los dineros del sindicato magisterial, y procedió contra políticos y empresarios corruptos. Persiguió a narcotraficantes que llenaron de dinero los bolsillos de funcionarios, empresarios, policías y militares para lograr protección institucional, y acotó los territorios en donde se vivía con impunidad. Impulsó mejorías en la transparencia y propuso una fiscalía anticorrupción. Conceptualmente entiende que este es un déficit nacional que tiene que modificarse, y lo recordó en su mensaje del Segundo Informe. Pero no es suficiente. Por el bien de su proyecto, tiene que ir a fondo en su combate.

El presidente, que vive muy encapsulado en Los Pinos, tiene que saber que la ola que habla de corrupción en su gobierno crece cada semana. La percepción de que hay una sed insaciable en su administración por el dinero fácil y sucio es la mayor probablemente en más de medio siglo. Las historias de horror que cuentan empresarios de distinto calado van en aumento. Comisiones de 25 por ciento para entrega de obras públicas y viviendas, donde mencionan a familiares de políticos como gestores; mal uso de fondos públicos para casos de emergencia; exigencias de aviones privados a contratistas. La lista continúa. Grupos empresariales beneficiados en licitaciones con una regularidad que arquea las cejas. Presiones a inversionistas para que escojan como compañeros de aventuras empresariales a los amigos y a los cercanos.

Varios secretarios de Estado consultados en las últimas semanas sobre las imputaciones de corrupción en el gobierno aseguran no haber oído nada. Pero en los hechos, hay evidencias de que las cosas se han desviado. Uno de los casos más claros lo vivió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien el año pasado llamó a varios funcionarios del Servicio de Administración Tributaria para subrayarles que con las reformas fiscales que emprendería el gobierno era una condición inflexible la integridad de quienes estarían en las primeras líneas en ese terreno donde enfrentarían algunas de las más serias resistencias del proceso reformista.

Sobre advertencia no había engaño. Pero aun así, hubo quienes quisieron timar al secretario. En la primavera pasada, sin embargo, se vieron las consecuencias. Dos funcionarios de alto nivel en el SAT fueron cesados en forma sumaria y uno más, en los más altos rangos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también. Las órdenes correctivas de Videgaray fueron acompañadas por el uso de la fuerza policial para que vieran todos el momento en que a uno de ellos lo sacaban frente a todos de su oficina. “Se trató de un acto ejemplar”, admitió un colaborador del secretario, “para enviar el mensaje de qué sucedería si alguien más era descubierto en actos de corrupción”.

La corrupción es una gangrena a la economía. Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado establece que el costo de ella asciende cuando menos a 1.5 billones de pesos, que equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto –similar al gasto administrativo del gobierno federal en 2012–, que es lo que tienen que presupuestar las empresas en pago a funcionarios de distintos niveles para que sus operaciones no sean interrumpidas o se detengan. El último informe global de Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 106 de los 177 países más corruptos, a 87 lugares de Uruguay, que fue el mejor clasificado en América Latina. Sólo Rusia se encuentra peor clasificado que México dentro de las naciones emergentes, y éste es el último del club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En una entrevista reciente con un grupo de periodistas, el presidente Peña Nieto dijo que era lamentable que la corrupción fuera un fenómeno cultural en México. Su afirmación fue criticada porque parecía una claudicación. Una vez más, conceptualmente no es así. Desde el periodo de transición se propuso crear una fiscalía anticorrupción y envió una iniciativa con recursos de fuerza al Senado, donde la edulcoraron y le quitaron herramientas coercitivas contra los corruptos.

En el mensaje del Segundo Informe de Gobierno volvió a hablar de la fiscalía anticorrupción, pero no entró en detalles. Hoy es su oportunidad. Su iniciativa, sin dientes, se encuentra en el Congreso, y frente a la creciente percepción de corrupción en su gobierno, esta debe ser su irreversible cruzada. Si no lo hace, la putrefacción va a infectar su administración reformista, pero si la combate intransigentemente, tendrá un gran logro para su tercer informe, cuando los beneficios de la reforma aún no alcancen a permear para llegar al Dorado económico prometido.