Opinión

Convierten nuevo sistema de oposición de marcas en artículo de lujo

 
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IMPI. (franquiciasyfranquicias.com)

Al final, lo que parecía una propuesta moderna y valiosa para contar con un sistema de oposición adecuado a las condiciones de tramitación de marcas en nuestro país, está torciendo sus propósitos y no parece que vaya a coadyuvar para mejorar la calidad del sistema ni la seguridad jurídica de los titulares de derechos. La idea básica de que el propietario de una marca se pueda oponer a la concesión de un nuevo registro que le afecte, que era una labor tradicionalmente reservada al IMPI, podría traducirse en un mecanismo excluyente y engorroso.

Uno de los puntos que se han dado a conocer recientemente y que resultan inaceptables es el del costo que tendrá que cubrir quien desee hacer uso del sistema, ya que se aplicará una tarifa superior a los 4mil pesos; este costo supera significativamente al que se paga para registrar una marca, lo que no admite explicación alguna. La única posible es que la opción de presentar oposiciones se reduzca intencionalmente a muy pocos casos que solo las empresas de cierta dimensión podrán absorber.

En nuestro país, hay que recordarlo, las personas físicas con actividad empresarial y las pymes dominan el escenario empresarial, y el registro de su marca representa el primer contacto con el sistema de propiedad intelectual. Si para defender su marca los costos resultan excesivos, entonces el mecanismo muta para convertirse en un artículo de lujo.

Podrán algunos decir que para cualquier empresa cubrir la tarifa es viable, pero para los que tratamos con empresarios en México sabemos que no es así, especialmente cuando a ese costo es necesario añadir los propios de la asesoría legal especializada que debe acompañar el trámite. Además, en muchos casos será necesario promover varias oposiciones, en diversos expedientes, lo que incrementará los gastos hasta niveles injustificados.

Además, cubrir costos tan elevados para no ser siquiera parte interesada en el proceso resulta cuestionable, ya que el IMPI, de manera discrecional, podrá o no atender a los argumentos del opositor. Para las propias firmas legales esta coyuntura representa un desafío paradójico, ya que deberá desarrollarse un enorme trabajo de detección y reporte de casos potenciales para al final facturar honorarios por muy pocos asuntos. Mal negocio.

Otra grave incapacidad del sistema asociada a la llegada de “la oposición” es la ausencia de mecanismos para impulsar los acuerdos entre titulares, que es un recurso indispensable para dotarlo de operatividad, así como el sistema de registros de cobertura general que tenemos en México, y que genera confrontaciones que existen en el escritorio, pero en el mercado.

En este escenario, la principal afectación serán los retrasos que el sistema implicará en la gestión de las solicitudes, sin que se mire cómo repercutirá en un mejoramiento de la seguridad jurídica. La inversión de recursos del IMPI en administrar el sistema no tendrá justificación si el boleto de entrada a la función solo puede ser pagado por empresas medianas y grandes. Porque en ese momento, por primera vez en su historia, nuestro sistema de protección de Propiedad Industrial establecerá una diferencia de trato entre sus usuarios, en base a su capacidad económica.
 
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