Opinión

Constitución CDMX, borrón y va de nuevo

   
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El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, entregó el proyecto de Constitución al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara. (Edgar López)

No hay de otra. Si los diputados constituyentes se toman en serio la intención de dotar a la Ciudad de México de una nueva Constitución, lo que toca es empezar de cero. Olvidar el documento entregado por Mancera en San Lázaro.

Tirarlo a la basura. Dejarlo a nivel de anécdota.

Porque eso es hoy el proyecto de Constitución. Un pomposo catálogo de (des)propósitos. Van un puñado de ejemplos. Elija el lector el artículo, de esta mínima selección, que les parezca más ambiguo, fantasioso, voluntarista o simplemente deschavetado:

Artículo 3: De la composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la ciudad, fracción 4. “La Ciudad de México es un espacio abierto a todas las manifestaciones de las culturas locales, nacionales y globales; aprovecha los aportes de las generaciones para la construcción del futuro; impulsa la sociedad del conocimiento y promueve, de modo prioritario, la educación integral e inclusiva en todos los niveles, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber”… El ex-DF como referente para el Mundo Mundial, pues.

Artículo 7: “Esta ciudad se concibe como un espacio civilizatorio”. Sin comentarios.

Artículo 9, apartado B, sección 6: “Las autoridades adoptarán medidas (…) para garantizar progresivamente la plena realización de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan”… ¿Si hay dinero, hay derechos? ¿Y si no, no?

Artículo 11… El derecho a la ciudad. Derecho a “un nivel de vida adecuado”… ¿Quién define adecuado y cómo volverlo exigible?

Artículo 13: “Ciudad educadora y del conocimiento”… La “educación pública será (…) liberadora”. “La educación deberá tener contenidos filosóficos”. Okey.

Artículo 14, apartado E, fracción 1: “Toda persona tiene derecho a (…) alimentos inocuos (…) y culturalmente aceptables”… (¡¿?!)

Artículo 14, apartado E, fracción 3: “Los sectores públicos, social y privado procurarán que los alimentos frescos o preparados que se distribuyan o vendan a través de establecimientos, instituciones o programas, sean saludables y nutritivos”… (Doble ¡¿?!)

Hasta aquí los ejemplos. Pero qué tal si revisamos algunas de las implicaciones del proyecto actual, como lo que supondría en creación de nueva burocracia. Circula entre las bancadas de la Constituyente un documento en el que se enumera que esa Constitución implicaría crear al menos 30 dependencias o instancias. ¿Y la austeridad, apá?

Nacerían el Instituto de Planeación Urbana; el Sistema Público de Radio, Televisión y Medios Digitales de Comunicación; la Banca Pública de Desarrollo, de Proyectos y de Desarrollo e Infraestructura; el Sistema para el Cumplimiento de Tratados Internacional de Derechos Humanos; Consejo Consultivo de Asuntos Internacionales; los Cabildos; el Tribunal Constitucional; Órgano Interno para la Defensa de los Derechos de las y los Agentes Policiales; Fuerzas Policiales de Investigación; Sistema para el Servicio y Saneamiento de Agua; Institución para Organizar y Gestionar Profesionalización, y un largo etcétera.

Según ese documento, sin contar prestaciones o aguinaldos, ni mucho menos bonos, se agregarían al menos unos 280 millones de pesos anuales como costo de las plazas para los titulares de esos organismos. Ello sin contar oficinas, equipamiento de las mismas, personal de apoyo, etcétera. Por ello, es una buena noticia (dentro de lo que cabe en este penoso asunto) que algunos diputados ya se pusieron de acuerdo para montar una mesa para la redacción de una Constitución que medianamente hable de lo esencial: de la gestión de los servicios urbanos y de la definición de las normas para el uso del espacio público. Dolores Padierna (PRD), Raúl Cervantes (PRI), Santiago Creel (PAN), entre otros y sin Morena, se pondrán a arrastrar el lápiz. Y en una de esas, logran algo lógico y aplicable. Ojalá.

Twitter: @SalCamarena

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