Opinión

Confeti, con atenuantes

La última parte del ciclo reformador, la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, se tomó 170 horas de vida parlamentaria que dieron cabida a más de mil 300 intervenciones en la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados. La numeralia citada por el presidente Enrique Peña Nieto es la de una gesta por la cual, en la promulgación de esas leyes el lunes en Palacio Nacional, estaba con una alegría contenida. Tiene razón. La celebración es porque ya tiene todos los cimientos para construir el edificio en el cual quiere albergar a un nuevo México; ahora falta armar su estructura institucional.

Ayer fue el día de Peña Nieto, quien se convirtió en el reformador más importante que ha tenido el país en casi un siglo. La batería de reformas que concretó en el primer año y medio de su gobierno, produjo modificaciones a 65 artículos constitucionales, los mayores desde el constituyente de 1917, que afectaron 50 por ciento de la Carta Magna. Son números sobresalientes para un presidente que se ganó su pase a la historia como un reformista. Ahora viene la siguiente etapa, la más difícil incluso, que es cómo instrumentar la reforma energética y no fracasar en el intento.

El presidente hizo un llamado a la acción al promulgar las leyes secundarias, que busca el concurso de todos para implementar las leyes energéticas que, según analistas de Goldman Sachs, es la reforma estructural más importante desde que el presidente Carlos Salinas concretó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El principal riesgo que enfrenta la reforma, coinciden en el exterior, es cómo se instrumentará y cómo se logrará que la estructura de la inversión sea atractiva para el sector privado.

Deborah Byers, socia ejecutiva de la consultoría EY de Houston –la capital petrolera de Estados Unidos–, afirma que el principal problema que enfrenta Peña Nieto es cómo se construye el andamiaje de reglas y regulaciones en las agencias federales. “México tiene poca experiencia en manejar licitaciones o dar licencias, y los más experimentados se encuentran dentro de Pemex, la institución cuyos intereses están más amenazados por los cambios”, apuntó el semanario británico The Economist, en un editorial laudatorio al presidente. “Permitir a los extranjeros que participen con los reguladores y que exploren los recursos naturales del país, puede ser la respuesta”.

A través de medios y consultores, la industria petrolera internacional no esconde los dientes. El tema de fondo en la implementación que está en los órganos reguladores, que aunque las leyes secundarias les dieron amplios márgenes para diseñar los términos de las licitaciones para explorar petróleo y gas en México, tienen que establecer qué tanto podrán explorar y explotar, cuáles serán los impuestos que tendrán que pagar, cuál será su margen de utilidad y el porcentaje de contenido local. De acuerdo con el exembajador de Estados Unidos en México, el hoy consultor Tony Garza, el tema del contenido –25 por ciento mínimo en 2015, que escalará hasta 35 por ciento en 2025–, reviste un interés internacional particular.

Entonces, si los órganos reguladores son la clave para que la reforma funcione como la sueña el presidente Peña Nieto, quiénes los integrarán se convierte en la siguiente decisión fundamental que tendrá que tomarse. Este tema es sumamente delicado, al haber generado desde hace tiempo fricciones dentro del gabinete. El deseo del director de Pemex, Emilio Lozoya, para que la nueva empresa del Ejecutivo juegue un papel central, encontró una oposición manifiesta en la Secretaría de Energía cuando se realizó la llamada Ronda Cero, el proceso donde solicitó las áreas que quería mantener para explorar y producir hidrocarburos. Lozoya planteó que Pemex se quedara con 97 por ciento de las reservas probadas, 83 por ciento de las probadas y probables, 71 por ciento de las probadas, probables y posibles, y 31 por ciento de los recursos prospectivos.

A los inversionistas extranjeros no les gusta nada que Pemex reciba, en el contexto actual de ser una empresa que competirá en términos similares a las privadas –con salvedades importantes en leyes laborales y fiscales–, tantos privilegios. Tampoco a la Secretaría de Energía. La subsecretaria Lourdes Melgar le dijo en marzo al diario británico Financial Times, que –contra lo que pedía Lozoya– el gobierno consideraba entregar los pozos petroleros en aguas profundas a inversionistas privados, y que habría solicitudes de Pemex que les serían negadas.

El presidente Peña Nieto tiene que sacar adelante la reforma energética donde apostó su capital político durante una cuarta parte de su gobierno. Una señal de hacia dónde se inclinará será la extensión de las zonas reservadas para Pemex y cómo se integrará el nuevo consejo de administración de la empresa. Ya hay algunas indicaciones. Melgar, que nunca rectificó lo que dijo al Financial Times, es señalada como una de las cartas fuertes para integrarse al consejo, como también lo es Miguel Messmacher, el subsecretario de Hacienda que participó en las negociaciones de la ley secundaria.

La suma de estos factores es una señal ominosa para Lozoya, que tiene tensiones con los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pero son las luces en el cielo que esperarían los inversionistas extranjeros. Qué camino tomará Peña Nieto, en su análisis de costo-beneficio, político y económico. Pronto lo veremos.