Opinión

Competir en Puebla es diez veces más difícil

28 diciembre 2017 5:0
 
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Es por todos conocido que la búsqueda del apoyo ciudadano para las candidaturas independientes, es casi un sueño imposible. Si bien es cierto que hay varios personajes que lo han logrado, como El Bronco en el caso de Nuevo León, y el de Ana Teresa Aranda para el caso de Puebla (después de 14 litigios para disminuir los candados establecidos en la ley), lo cierto es que se trata de una aventura muy difícil y complicada, cuesta arriba. Y sólo estoy hablando de la oportunidad de competir…

Y es que en el caso de la entidad poblana los requisitos ya de por sí elevados a nivel federal (1% de la lista nominal para candidatos a la Presidencia y alrededor de cuatro meses para la recolección de los apoyos ciudadanos) se multiplican por 8 y pico. En Puebla se requiere por ley local tener el 3% de la lista nominal como apoyo ciudadano, y el tiempo para recolectarlo es de apenas 30 días naturales. Se requiere, además, recolectar firmas en al menos 2 tercios de los municipios con el 2% del listado nominal (el proceso federal requiere la mitad de los estados con el 1% del listado nominal).

Si a estos requisitos le agregamos el poco tiempo para el registro y los requerimientos que impone el Instituto Estatal Electoral (IEE) en medio de las fiestas y vacaciones decembrinas, las dificultades se multiplican aún más. El poco tiempo es clave: la convocatoria salió el 2 de diciembre y la fecha límite para el registro fue el 26, solamente 15 días hábiles. En ese tiempo había que constituir ante notario una asociación civil por cargo con el machote proveído por el IEE (3 o 4 días). Luego se debía sacar el RFC en el SAT, el cual en ocasiones rechazó la escritura por supuestas indefiniciones y requirió un comprobante domiciliario a nombre de la AC (2 a 3 días por estos problemas). De ahí realizar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad –RPP– (uno o dos días), y después sacar una cuenta de banco (al menos 3 días hábiles por ser indispensable un dictamen previo). Solicitar ante el IEE un número de folio para el registro nacional de candidatos del INE (de 2 a 4 días) y llenar una serie de formas y declaraciones que fueron proveídas por el IEE. En total, de 13 a 16 días hábiles, en el mejor de los casos. A estos problemas normales, se debe agregar que el RPP fue instruido el 18 de diciembre para dejar sólo una guardia en la última semana, y el SAT en Puebla cerró sus citas para personas morales desde el 20. Aspirantes tuvieron que ir a Pachuca o a Tlaxcala a hacer sus trámites ante el SAT.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué establecer tantas restricciones a la participación ciudadana en la vida pública? ¿Quién las ha impuesto? Parece evidente que nuestros representantes, a través de los partidos políticos, no tienen mayor interés en que los ciudadanos participemos. Establecer tales obstáculos parece reflejar más bien un fuerte interés por levantar barreras a la entrada, tal como un monopolio lo hace para maximizar las rentas que desea extraer de su actividad. Un monopolio gana en la medida que evita que haya competidores: promueve regulación que lo dificulte, corrompe autoridades para que declaren alguna violación legal o problemas de burocracia, viola la regulación antimonopolio hasta que la autoridad lo encuentra culpable, etcétera.

Lo mismo ocurre con los partidos políticos a través de los legisladores, quienes más que defender los intereses de sus representantes defienden los intereses de quienes depende su futuro político. Elevar las restricciones a la participación ciudadana en la vida pública sólo sirve a los partidos políticos y a quienes los lideran. Restringen la participación ciudadana con el ánimo de quedarse con todo el poder.

El problema es serio porque lo que logran es el alejamiento cada vez mayor de la ciudadanía. Estimulan el divorcio entre los ciudadanos y lo público. De hecho, tienen secuestrado el poder público. Y cuando los ciudadanos se acercan demasiado, en forma individual o en voz de organizaciones civiles, los políticos los rechazan por las buenas y por las malas. Por las buenas, cuando la autoridad dice que escucha, que toma en cuenta las sugerencias pero acaba por impedir cualquier injerencia que afecte sus intereses. O por las malas, instigando a las autoridades a espiar, a amenazar, a enviar auditorías fiscales con el propósito único de presionar, de amedrentar, de que desistamos de nuestros propósitos.

Así ha venido actuando la casta política. Así han venido comportándose una serie de instituciones cooptadas por el poder, que deben liberarse de ese yugo. Creo fervientemente en las instituciones, pero no pueden solas. Requieren de mujeres y hombres decididos a hacer su trabajo a pesar de las amenazas, presiones y amedrentamiento. Nuestra vida pública cambiará cuando quienes conforman estas instituciones actúen libres, sin presiones. Y cambiará aún más cuando la casta política se dé cuenta de su error, de que no es posible pedirle a los ciudadanos que los apoyen cuando por todos los caminos impiden su participación… y sin chistar.

Opine usted: @ecardenassan

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