Opinión

Competencia en telecomunicaciones, todavía lejos

 
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[Sky lanzará este mes su servicio de video en línea. / Cuartoscuro / Archivo]  

Una de las condiciones fundamentales para que la competencia económica funcione es que los consumidores tengan opciones para elegir entre productos y servicios que sean sustitutos cercanos (características o condiciones similares). Por definición, si no hay alternativas no hay competencia. Ello implica que no existan barreras para que el consumidor escoja entre productos o servicios y que el costo de esa elección sea bajo o nulo. Cuando un consumidor que no puede cambiar su elección de un producto o servicio por otro, porque se le impida o porque el costo sea muy elevado, se genera falta de competencia en el mercado, con elevados costos para ese consumidor y para la sociedad, ya que los oferentes pueden ejercer prácticas monopólicas. Eso está pasando con las telecomunicaciones en México: no existe competencia efectiva.

Cuando se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), autoridad responsable de garantizar la competencia en el sector, se dio un primer avance al establecer la portabilidad de los números telefónicos fijos y celulares entre compañías competidoras, y eliminar los cargos por larga distancia. Pero hasta ahí llegó el ánimo competitivo y de protección al consumidor por parte de la autoridad, a lo que hoy se suman los límites de las facultades y burocratismo de la Profeco para actuar frente a prácticas abusivas y francamente monopólicas de diversos actores en ese mercado.

Van un par de ejemplos que lamentablemente no son los únicos en el sector de telecomunicaciones del que, por cierto, se ha presumido que es una de las reformas estructurales que mayores beneficios le han generado a la población; todavía muy alejado de la realidad.

El primero: la televisión de paga vía satélite, en concreto VeTV (de Sky-Televisa). El servicio se puede contratar bajo renovación mensual ('pague cuando lo use'); sin embargo, cuando no se hace la renovación después de 60 días, empiezan los problemas: desde mensajes de texto con amenazas de supuestos despachos de abogados que no se identifican; imposición de supuestas multas (de seis mil pesos, cuando el costo del servicio mensual es de 185 pesos); amenaza de enviar al cliente al Buró de Crédito, llamadas telefónicas a deshoras a hogares, etcétera. Todo ello supuestamente legal, derivado de un contrato 'implícito' aceptado al contratar el servicio, que nadie conoció ni leyó (responsabilidad del consumidor, pero al que no se le presenta el contrato, ya que 'está disponible en internet' para su consulta). El tema grave: es prácticamente imposible cancelar y sustituir el servicio por el de otra compañía. El sistema telefónico no da la opción para hacerlo; mucho menos por internet y no hay oficinas de atención al público. En esencia, un robo en despoblado para el consumidor que no puede cancelar y sustituir el servicio. ¿Competencia efectiva o abuso monopólico? Y la autoridad, además de licitar y cobrar concesiones, ¿defiende al consumidor?

Segundo ejemplo: el servicio de internet para hogares. Se promociona una capacidad que no se cumple (contrato: 15 megas, servicio real: seis megas y eso cuando funciona); fallas recurrentes y 'caídas' del servicio; número de días sin servicio: de siete a 15 pero con cobro completo en la factura mensual; descuentos por fallas del servicio: cero. Intervención de la autoridad regulatoria: ninguna, que no tiene idea de lo que pasa ni cuenta con los mecanismos para medir la calidad del servicio y mucho menos el costo-beneficio. Es una autoridad que administra no que regula la competencia y la calidad de los servicios.

El reto no sólo es que haya un mayor número de competidores en los mercados, en especial de telecomunicaciones, sino que el consumidor pueda sustituir de malos a buenos oferentes de bienes y servicios, con un costo de cambio bajo y con la mejor información posible. En México esos dos factores están muy lejos de ser una realidad y de que se alcancen condiciones competitivas que beneficien a los consumidores. Hoy la autoridad sirve de muy poco y cuesta mucho.

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