Opinión

Cómo tumbar a un presidente

 
1
 

 

Nieto

No se alboroten, no voy a dar el mapa para aquellos que buscan atacar al presidente Enrique Peña Nieto. No se puede predecir cuál será el impacto de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller y hasta qué nivel llegarán las pruebas que vinculen al gobierno ruso con funcionarios cercanos a Donald Trump. Tampoco es claro si, aun con pruebas en mano, el Congreso y el Senado de Estados Unidos buscarán investigar, acusar (impeach) y eventualmente condenar al presidente Donald Trump. Pero a la luz del fulminante y cuestionado despido de Santiago Nieto, ahora exfiscal de la FEPADE, valdría la pena voltear hacia el norte para analizar posibles lecciones para México, que apenas estaría creando un sistema para perseguir penalmente a funcionarios de todos los niveles, incluyendo al presidente.

A la fecha, el Congreso de Estados Unidos sólo ha acusado (impeachment) a dos presidentes (Andrew Jackson y William Clinton) y ambos fueron declarados inocentes en un juicio ante el Senado.
También se ha acusado a 15 jueces, pero sólo ocho fueron condenados por el Senado. Esta lista no incluye, por ejemplo, al presidente Richard Nixon y otros funcionarios que prefirieron renunciar antes de enfrentar una acusación (impeachment) por parte del Congreso estadounidense. Lo importante de estas cifras es que, a pesar de los múltiples escándalos en la vida política de Estados Unidos, el Artículo 2 Sección 4 de la Constitución se ha invocado relativamente pocas veces.
Pero la sola posibilidad de que un mandatario pudiese ser sometido a un proceso más político que jurídico, ha creado incentivos para que los presidentes consideren sus actos como jefe del Ejecutivo. Pero lo que no nos dicen estas cifras son los cientos de funcionarios y personas allegadas al Ejecutivo que fueron sometidos a investigaciones penales y condenadas por delitos de diferente índole. En el caso de Watergate, por ejemplo, 48 personas fueron condenadas a prisión, muchos de ellos funcionarios de muy alto nivel, a pesar de la renuncia del presidente Nixon y el perdón que le concedió su reemplazo, el presidente Gerald Ford.

La primera consideración es que todas las constituciones deben de sopesar la posibilidad de un juicio político, además de un juicio penal, aun para el presidente.

Más allá del impacto jurídico y político de las acusaciones formales ejercidas este lunes en contra del que fuera jefe de campaña del candidato Donald Trump, y su asesor, lo interesante es que estos enfrentan delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, actividades que por ahora no estarían relacionadas con la campaña presidencial y los posibles contactos que pudieron tener el presidente y sus allegados con el gobierno ruso durante el proceso electoral. Pero obviamente se podría usar esta acusación para aflojar a los acusados y buscar que sean testigos en contra de “peces más gordos”, incluyendo al mismo Trump. Pero el arma secreta del fiscal especial Mueller es un personaje llamado George Papadopoulos, que fue asesor en materia de política exterior durante la campaña y que se declaró culpable por mentirle al FBI, una hora después de que se anunciaran las acusaciones en contra del exjefe de campaña de Trump. Y según los documentos publicados, George estaría cooperando y probablemente aportando pruebas e información desde hace varios meses, posiblemente emails, grabaciones de conversaciones y la identidad de quién conversaba con los rusos. Y es que en el entorno del pragmatismo con que se manejan las investigaciones en Estados Unidos, siempre se usó la figura de testigos colaboradores, que reciben rebaja de penas y consideraciones especiales si aportan para enjuiciar a los líderes de bandas criminales o, en este caso, al presidente de Estados Unidos y sus asesores más cercanos.

Si la estrategia para el combate a la corrupción y el abuso de poder en México no permite estas posibilidades de “premiar” a los que delatan a sus jefes, jamás se podrá procesar con eficacia a la clase política.
Y aunque el fiscal Mueller cae dentro de la estructura del Ejecutivo, como parte del Departamento de Justicia, nadie puede argumentar que no tiene la independencia para llevar a cabo las investigaciones y acusaciones. Y aunque podría el presidente Trump legalmente despedir al fiscal Mueller, el impacto político sería devastador. De hecho, el error principal de Richard Nixon y lo que provocó su renuncia fue el despido del fiscal que lo estaba investigando.

Por eso, más allá de la controversia que suscitó el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, para que el sistema tenga alguna viabilidad, tiene que haber consecuencias políticas por el despido de la persona que tendría la responsabilidad de definir la credibilidad de las elecciones de 2018.

Opine usted: www.anamariasalazar.com

Twitter: @Amsalazar

También te puede interesar:
Cómo sabotear las elecciones, sin asegurar presidente en el intento
Las mujeres y el legado de Peña
It is the insecurity, stupid!