Opinión

Cómo financiar la transparencia

 
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Inai. (Cuartoscuro)

El tema de la transparencia, particularmente la fiscal nos ocupa hace un buen tiempo. Por ejemplo, en 2001 se realizó un foro del Colegio Nacional de Economistas sobre experiencias de reforma fiscal en el mundo. Para hablar de las experiencias europeas vino a México el economista argentino-húngaro George Kopits, pionero en los estudios y propuestas sobre transparencia y responsabilidad fiscal en el FMI. El encargado de coordinarse con Kopits fue Óscar Guerra Ford, hoy comisionado del INAI, antes titular del InfoDF. Asimismo, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue uno de los temas más relevantes, con conclusiones y propuestas que habrá que recuperar.

Ya se percibía que en las presentaciones de sus leyes de ingresos, presupuestos y cuentas públicas las entidades federativas eran asimétricas, no informaban igual, no desglosaban las transferencias por fondo, omitían datos, revolvían deliberadamente la información, etc.

El tema fue cobrando interés en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y en lo opinión pública.

Se han dado varios hitos en ese sentido: primero la reforma al artículo 6º de la Constitución en 2007; a principios de 2008, con otra reforma se avanza en la autonomía constitucional de los órganos garantes de la transparencia y se crea una nueva Ley de Transparencia, lo que implico sustituir al IFAI, que atravesaba por una fuerte crisis interna, por el INAI, ahora con siete comisionados. Finalmente, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aparece en mayo de 2015 y adicionalmente, se coordinan –incluidos los órganos estatales– con otras instituciones para crear el Sistema Nacional de Transparencia.

Los órganos garantes contrataron al CIDE desde 2007 para elaborar la Métrica de la Transparencia y en el evento que tuvieron hace una semana, el comisionado Óscar Guerra Ford presentó resultados de la métrica 2014, así como una propuesta para el establecimiento de un fondo de aportaciones federales para la transparencia, (APORTA), a partir de 2017. No lo piden para el Ramo 33, sino en el 23.

Cierto, para que esto funcione se necesitan recursos, desde el principio el financiamiento de los OGT, ha sido asimétrico, unos mejor por supuesto, otros casi en la inanición presupuestal. Lo claro es que dada su dependencia de los recursos estatales, su autonomía se torna frágil ante ellos.

La mejor forma de controlar a un órgano garante de la transparencia o a uno de fiscalización local, es a través del presupuesto. Por ello no es mala idea la de utilizar un factor fijo que permita en automático incrementar el presupuesto de los órganos, en niveles presupuestales similares. Claro algunos estados pueden señalar que no tienen recursos, de ahí la oportunidad del Fondo que propone Guerra Ford.

El Presupuesto de los 32 órganos garantes es de 876.6 millones de pesos, comparémoslo con lo que sea, incluso con la sumatoria de los gastos inútiles o innecesarios de las mismas entidades.

Ejemplos de la asimetría actuales están en la presentación del maestro Guerra, con datos de la Métrica de la Transparencia 2014: como proporción del presupuesto estatal, la media es de 0.06 por ciento.

Quienes más recursos transfieren en relación a su presupuesto están Aguascalientes con 0.12 por ciento, Quintana Roo con el 11, Campeche y Coahuila con el 10. Los que menos apoyan, de acuerdo a este indicador, son Chiapas, Guerrero y Puebla con el 0.02. También traen los datos per cápita, importantes, pero más difíciles de analizar. Valdría la pena se complementen respecto al número de sujetos obligados, al total de dependencias o de empleados que manejan información, esto es el tamaño del gobierno. Es por supuesto una buena propuesta, que los diputados deberán analizar, sobre todo en este momento de ajuste presupuestal.

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