Opinión

¿Cómo cambiar la crisis en oportunidad?

Preocupa la pasividad de muchos gobernantes y líderes políticos para dar un viraje a la crisis y degradación políticas que se respiran en México. El presidente Peña Nieto debe asumir el liderazgo, pero los partidos y los otros poderes públicos deben hacer su tarea desde el ámbito de su responsabilidad.

Ante la tragedia de Ayotzinapa hubo algunas reacciones pero casi todas retóricas y con poca sustancia: crear un pacto por la legalidad y la paz (cuando ya han fallado antes), formar una comisión de la verdad (cuando lo importante es que la autoridad investigue y castigue conforme a derecho) y el nada novedoso blindaje electoral que se propone cada tres años. Todas ellas para salir del paso con los medios sin que se ataquen problemas de fondo.

Para que la crisis se convierta en oportunidad, se requieren acciones puntuales. Primero, que se haga justicia en el caso Ayotzinapa. El procurador Murillo Karam ha encabezado una investigación profesional y explicado con detalle parte de los hechos que concluyeron en la tragedia. Ya se declaró auto de formal prisión al exalcalde José Luis Abarca, pero aún falta una cadena larga de responsables por comisión u omisión. El castigo debe ser como dice la ley: apegado a ella y sin excepciones.

Segundo, el gobierno debe colocar la seguridad y el Estado de derecho como sus prioridades. La agenda reformista del gobierno será endeble mientras no se revierta el deterioro en ambos temas. De no ser así, explotarán más Igualas en los próximos años y entonces no tendremos ni seguridad ni tampoco reformas estructurales.

Tercero, debe aclararse el escándalo de la “casa blanca”. La información disponible sugiere un grave conflicto de interés. Si no se corrige este “error”, por llamarlo eufemísticamente, el presidente corre el riesgo de que ese tema lo persiga el resto de su vida, como lo hizo La Colina del Perro con el expresidente López Portillo. No sólo eso, su gobierno puede quedar marcado por la percepción de abuso y corrupción y los opositores a las reformas del Pacto por México ganar la partida ideológica de que todas ellas fueron sólo negociaciones cupulares para beneficiar a la “mafia del poder”.

El escándalo de la “casa blanca” es muy delicado, no sólo por el presunto conflicto de interés que marcaría con sospecha a la presidencia misma, sino también porque puede afectar el destino y legado de esta administración, que ha logrado algunos cambios legislativos muy benéficos para el futuro del país. No olvidar que el éxito de algunas reformas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fueron opacadas por la presunta corrupción del hermano “incómodo” que lo ha perseguido por 20 años, en lugar de recordar sus acciones positivas como NAFTA, por ejemplo.

El primer beneficiario de que se aclare este asunto es el presidente de la República, pues él mismo ha declarado que todo es legal. Además de la información que provea la Oficina de la Presidencia de la República, sería muy sano que el Congreso investigara e invitara a los señalados en el presunto tráfico de influencias –funcionarios, contratistas y la televisora– para aclarar las acusaciones que se han vertido.

Cuarto, el Congreso está obligado a indagar los motivos de la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro. La explicación de que fue para darle transparencia al proceso suena loable, pero debe investigarse. Hay dos cosas que no pueden ser verdad al mismo tiempo: que la licitación se realizó conforme a la ley pero que aun así faltó transparencia. La única explicación a esta contradicción sería que la ley está mal y que no garantiza confianza e imparcialidad. Si ello es así, debe explicarse y modificarse la norma antes de lanzar la nueva convocatoria. De lo contrario queda la sensación que fue una decisión de cálculo político. Más que Ayotzinapa, lo que asusta a los potenciales inversionistas en energía y telecomunicaciones es la discrecionalidad y favoritismo que se percibe en el sistema de licitaciones de obra pública en México.

Quinto, el Congreso también debe reconstruir su propia integridad. Dar reversa a la libre asignación de fondos del ramo 23 que hicieron los diputados la semana pasada (11 mil millones de pesos) y que son los que han estimulado la cultura de los “moches”. En su lugar que esos fondos sean asignados con base en estudios de impacto, factibilidad y transparencia. Asimismo, los grupos parlamentarios deben dar ya cuenta del uso y destino de las subvenciones que reciben y que suman cientos de millones de pesos. Bien haría el Congreso en reducir sus gastos y dar un ejemplo simbólico que sería muy saludable para contener la frustración en amplios segmentos de la sociedad.

Sexto, los partidos pueden hacer mucho. El PRD está en una lucha interna entre grupos. Ojalá sea un ejercicio de exigencia y rendición de cuentas que reconstruya la ética política de ese partido. Por su parte, el PRI está obligado a presentar ante el Congreso una iniciativa de ley congruente con su solicitud de consulta popular rechazada: la de reducir el número de legisladores plurinominales. Y yo añadiría: todos los partidos deberían abrir a debate el sistema de financiamiento público que además de oneroso, no ha contribuido a evitar que dinero privado de fuentes desconocidas –incluido el crimen organizado– sea ya la fuente principal para financiar campañas y un factor que ha detonado una mayor corrupción política en México.

Finalmente, el PAN presentó una muy buena propuesta para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Pero debe acompañar sus dichos con hechos. Votó a favor de un presupuesto que incluye 11 mil millones de fondos de libre asignación que son propicios para la corrupción que dice combatir; y ha sido sorprendente la pasividad de ese partido frente al escándalo de la “casa blanca”. ¿Cómo creer que el PAN va en serio para combatir la corrupción si ante hechos que pueden ser constitutivos de delito no toma la batuta?

Hay cosas concretas que pueden despresurizar el ambiente y reconstruir la legitimidad que el Estado mexicano requiere para recomponer la gobernabilidad y la estabilidad. Estas no son las decisiones que cambiarán la faz de México, pero sin duda ayudarían a transitar estos momentos difíciles.

Twitter: @LCUgalde