Opinión

¿Comienza la censura?

Tan sólo habían pasado pocas horas de estar al aire cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar del aire un spot del PRD titulado “Ser tu voz”. Ocurrió el sábado pasado, primer día de las precampañas para diputados federales. Se dio frente a una queja del periodista Joaquín López Dóriga quien alegó que una imagen suya se emplea en el spot con fines electorales, sin consentimiento ni autorización suya. Argumenta que se violó su derecho a la integridad personal porque el spot asocia su imagen con actos delictivos (los estudiantes desaparecidos en Guerrero) “que constituyen una expresión calumniosa y que vulnera los límites a la libertad de expresión”.

En el spot se escucha una voz en off que afirma: “Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repiten son los errores (…). En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy, queremos ser tu voz”, dice un fragmento del spot. En el audiovisual se muestran imágenes de las movilizaciones de protesta por la tragedia de Ayotzinapa, así como imágenes de las protestas estudiantiles del 68. Se muestran imágenes de la toma de posesión de los expresidentes priistas Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. El spot también muestra una imagen del periodista López Dóriga en su noticiario de Televisa.

El PRD dijo que con la decisión de retirar el spot, “el INE sienta un pésimo precedente, pues además de que vulnera la libertad de expresión, muestra su rendición ante el poderío de una empresa que ha socavado históricamente los derechos de información y comunicación de los mexicanos”. El PRD anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral y será sólo el principio de una trama que se ha repetido cada tres años: un partido difunde un spot de ataque a sus adversarios, éstos se quejan, el INE resuelve, el agraviado impugna y el Tribunal toma la decisión final.

Al margen de quién tiene la razón legal, los partidos y los candidatos deben tener toda la libertad de expresar sus puntos de vista, aun cuando sean excesivos. Hoy el PRD se queja pero debe recordarse que ese partido inició la costumbre de pedir medidas cautelares y retirar spots en 2006 cuando la campaña del PAN llamó a su candidato “un peligro para México”. Ciertamente aquella frase era un exceso retórico —y para muchos un llamado a la discriminación y la violencia— pero entonces como ahora los partidos, los candidatos y cualquier ciudadano deben tener la libertad de decir lo que quieran —así sean disparates o excesos— y cada uno el derecho de juzgar esas acusaciones por cuenta propia.

Si hoy el spot del PRD se excede al comparar Ayotzinapa con el movimiento de 1968 o igualar al presidente Pena Nieto con Diaz Ordaz, me parece un valor secundario frente al bien central que es tutelar la libertad de expresión. Cabe notar que no siendo candidato o político, sino un comunicador y ciudadano con derecho a la privacidad
—principio que no aplica a quienes se dedican a la política—, el alegato de López Dóriga tiene méritos que el Tribunal Electoral debe aclarar cuando resuelva esta queja. Este es un tema diferente: los derechos de terceros en una contienda entre partidos y candidatos.

La reflexión es pertinente porque en los próximos meses se transmitirán millones de spots de partidos y muchos de ellos serán de ataque, denigración y calumnia. Salvo ésta última que ésta prohibida por la Constitución —y es correcto que así sea porque se trata de una violación en la cual se adjudica a alguien la comisión de un delito de manera falsa—, la última reforma electoral y un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que la libertad de expresión es un bien supremo a tutelar y que la denigración (deslustrar, ofender la fama de alguien) es válida en campañas políticas.

Sin embargo, veremos partidos y candidatos que quieran acallar la crítica y también algunas autoridades electorales tentadas —bajo un mantra conservador— a darles la razón. ¿Qué ocurrirá cuando aparezcan spots de la “casa blanca” con imágenes del presidente y su esposa y el logotipo del PRI atrás? ¿O imágenes de muertos en Iguala con la imagen de los líderes del PRD? ¿O las famosas imágenes de la fiesta de diputados del PAN en Puerto Vallarta? ¿Reaccionarán pidiendo censura a los spots? ¿O admitirán un debate abierto, que incluye no sólo propuestas de campaña sino el historial de los pecados —aun personales y carnales— del pasado?

Los buenos modales de los políticos no se construyen a base de prohibiciones, sino a través del debate desinhibido y vigoroso. Prevalecen muchos políticos y ciudadanos que consideran que las campañas negativas son malas para la democracia porque
—argumentan— dañan los derechos de los candidatos, desvirtúan el debate y polarizan a la sociedad. Pero antes que la honra de los políticos, debe prevalecer el derecho ciudadano a estar informado. La información que los electores requieren para decidir su voto no sólo es alrededor de las propuestas de gobierno, sino también sobre los antecedentes de los candidatos. Como la propaganda positiva está llena de lugares comunes y buenos deseos, la publicidad negativa ayuda porque confronta los dichos con la realidad y eso provee de información útil a los electores.

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