Opinión

“Combustibles más baratos”, una mentira de Peña Nieto

Entre el 27 de diciembre de 2013 y el 31 de enero del presente año, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 10 millones de pesos diarios para difundir las supuestas bondades de su reforma energética.

El eje de la propaganda gubernamental fue la promesa de que con la reforma bajarán los precios de la gasolina y la electricidad.

Se trataba, lo dijimos entonces y se ha confirmado ahora, de una mentira descarada.

En el paquete de la reforma energética se establece que el precio de las gasolinas seguirá aumentando hasta 2019. En dos palabras, más gasolinazos durante todo el gobierno de quien prometió aumentar los ingresos de los mexicanos.

Será hasta 2020 cuando se liberen los precios. Pero incluso entonces una eventual reducción estará sujeta a que disminuyan los precios de los hidrocarburos, cosa muy poco probable.

En el caso de la energía eléctrica, los costos de generación seguirán dependiendo, en una proporción considerable, de los precios de los hidrocarburos, principalmente del gas natural, que se fijan a partir de cotizaciones internacionales y no del costo de producción. De modo que tampoco hay una reducción de tarifas en el horizonte.

Mejorar la eficiencia de los procesos de transmisión y distribución de electricidad requiere de enormes inversiones que por un buen tiempo se tendrán que reflejar en aumentos de precios.

Según la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Estado recibirá recursos derivados de las asignaciones y contratos. Se establece que, de manera transitoria, dichos ingresos no deben ser menores al equivalente del 4.7 por ciento del PIB. Dicho de otro modo, Pemex seguirá siendo objeto de un régimen fiscal depredador (la paraestatal, para ofrecer sólo un dato, paga de Impuesto sobre la Renta entre dos y tres veces lo que pagan todas las empresas privadas juntas).

La reforma establece la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en el cual se depositarán todos los ingresos que se generen por la extracción y venta de petróleo y gas natural. A este Fondo no llegarán los ingresos de los hidrocarburos que generen los contratos de producción compartida y de licencias, ya que parte o toda la producción se regalará a los contratistas para que hagan con ella lo que quieran.

Los ingresos que se depositen en el Fondo se destinarán al pago de las contraprestaciones de los contratos de utilidad compartida. Si queda dinero se destinará al financiamiento del gasto público. Es previsible que el Fondo se alimente por un buen tiempo de los derechos que se cobren a Pemex, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Lo que sucederá después es una incógnita que entraña un enorme riesgo para las finanzas públicas.

En la Ley sobre Hidrocarburos se dice que en las licitaciones se establecerán requisitos de contenido mínimo de insumos nacionales, pero no se especifican montos ni se establecen mecanismos para el fomento y desarrollo de empresas nacionales proveedoras del sector energético. Es previsible, por lo tanto, que este punto quede sólo como un buen deseo.

Hace dos años, en el debate entre candidatos a la Presidencia, Enrique Peña Nieto expuso que “el Estado mexicano debe de impulsar energías sustentables, el 70 por ciento no son renovables… el Estado debe de ser promotor para lograr este objetivo, generar energía más barata, para que podamos tener acceso a combustibles más baratos”.

Ahora se nos dice que durante lo que resta de 2014 se mantendrán los gasolinazos (los consumidores ya han recibido 17 de esos golpes en lo que va de este gobierno).

En 2015 y hasta 2019, cuando ya haya concluido este sexenio, la Secretaría de Hacienda fijará –según el texto de la iniciativa– los precios “máximos” de los combustibles, que se ajustarán cada mes a la inflación. O sea, nada de “combustibles más baratos”, como prometió el candidato Peña Nieto.