Opinión

Colusión en Afore

 
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Las Afores peor calificadas en servicios

Como se reportó por los medios la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó con más de mil cien millones de pesos a diversas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y a empleados de éstas que establecieron acuerdos ilegales para disminuir los traspasos entre ellas. Estas son las sanciones más altas que jamás se hayan impuesto en un caso de colusión en México.

Las Afore fueron sancionadas por diversas conductas consideradas como prácticas monopólicas absolutas que fueron cometidas entre octubre de 2012 y junio de 2014, representando, desde el punto de vista de la autoridad, un enorme daño al mercado. Actualmente, los recursos administrados por las Afore son de alrededor de tres billones de pesos, correspondientes a cincuenta y siete millones de trabajadores que están repartidos en once Afore. Las cuatro empresas ahora sancionadas controlan más de la mitad de ese mercado.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es un mercado muy importante, tanto por el valor de los activos que maneja como por la cantidad de trabajadores que involucra, así como la trascendencia que implica el servicio. La colusión entre Afore se consideró por Cofece como un tema de especial gravedad y trascendencia para la población desde su apertura y como tal se le dio prioridad.

Este caso inició formalmente en 2015 como una investigación en el mercado de servicios de administración de fondos para el retiro en todo el territorio nacional. El asunto se abrió porque se tuvo conocimiento de indicios de arreglos entre las Afore para dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de dicho mercado. Estos indicios hacían evidentes ciertos arreglos que consistían en pactos bilaterales entre las Afore para reducir el número de traspasos de cuentas de trabajadores administradas, es decir, disminuyendo la competencia entre ellas y evitando 'robarse' a los clientes, como eventualmente se comprobó. Por determinado tiempo, los promotores no se acercaban a quienes cotizaban en las otras Afore coludidas, e incluso se afectaban sus incentivos salariales para implementar estos acuerdos de la manera deseada por los ejecutivos de las empresas.

Los acuerdos entre las Afore incluso se monitoreaban por los involucrados y se aseguraba el cumplimiento mediante correos electrónicos, entre otros mecanismos de intercambio de información.

Vale la pena destacar que los convenios identificados implicaron una clara reducción en el volumen de traspasos bilaterales entre las Afore involucradas, lo cual confirmó lo reflejado en la evidencia directa de la que se allegó la autoridad de competencia.

Durante la indagatoria, se utilizaron todas las herramientas de investigación, y en particular se hizo uso de visitas de verificación sorpresa que sirvieron para obtener evidencia en las empresas, así como comparecencias de muchos involucrados. En este caso se contó en todo momento con el apoyo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Se contó también con la colaboración de algunas de las empresas y sus empleados, que proveyeron de evidencia a la autoridad investigadora a través del programa de inmunidad, como incluso algunas lo han revelado ya en informes a inversionistas. Recordará que el programa de inmunidad no sólo otorga beneficios al primer solicitante, sino que permite que segundos o ulteriores interesados obtengan beneficios, aunque sustancialmente menores que los del primero.

En 2016 la autoridad investigadora concluyó la investigación y se emitió un dictamen de probable responsabilidad, mediante el cual se determinó la existencia de arreglos ilegales. Asimismo, con el dictamen se le dio la oportunidad a las Afore y a las personas físicas que participaron en las conductas de defenderse. Por primera vez, la autoridad investigadora fue parte en el procedimiento seguido en forma de juicio y defendió su caso ante el Pleno de la Cofece. Igualmente, de acuerdo con la ley, una empresa con inmunidad no puede contradecir sus dichos ni contravenir la evidencia entregada, pero sí podría presentar elementos que sirvan para la determinación de la multa, como sucedió en el caso. Es de notar que el Pleno de la Cofece, al resolver el asunto, decidió revocar el beneficio de inmunidad para una empresa y algunos individuos relacionados por dejar de cooperar en esta segunda etapa del procedimiento.

La facilidad y seguridad para que se lleven a cabo los traspasos de cuentas, la búsqueda constante de mayores rendimientos, menores comisiones y mejores servicios por parte de las Afore son elementos que propician un ambiente más competitivo en el sector, y reflejan su eficiencia como mercado, lo que incide en la calidad del servicio de administración de cuentas, en el monto del ahorro para la pensión de los trabajadores y eventualmente en su calidad de vida. Esto es lo que se debe proteger al asegurar competencia en el mercado, sancionando las violaciones a la ley.

Existen abundantes ejemplos de casos de infracciones a las leyes de competencia en el sector financiero en todo el mundo donde los empresarios realizan intercambios de información o convenios ilegales que afectan al mercado y así se han sancionado sin afectar el sistema, el entorno regulatorio, ni a los competidores que no realizan estas conductas. Por el contrario, la intervención de las autoridades de competencia en estos mercados debería verse como una oportunidad de limpiar la casa dentro de cada empresa, el sistema en su conjunto y, por consiguiente, corregir las prácticas en beneficio de todos.

El autor es titular de la autoridad investigadora Cofece.

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