Opinión

Código vs justicia porosa

La Cámara de Diputados aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales con el cual se unificarán los criterios para la impartición de justicia en todo el país. Fue un parto largo, que comenzó en el 2007 y que tendrá que estar completamente aplicado en todo el territorio nacional en el 2015.

Con este nuevo Código único, se pasará a los juicios orales dejando atrás los costosísimos y lentos procesos actuales, algunos de los cuales tardan años sin sentencia.

Dos problemas, sin embargo, saltan a la vista:

El primero, que no todos los estados del país han avanzado en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio; hay una avance mixto, estados que lo han aplicado casi al 100 por ciento como Chihuahua y otros que avanzan lento como el Distrito Federal.

El otro problema es que por más que los legisladores trataron de hacer una redacción que dejará poco margen a la interpretación del juez, éste seguirá teniendo un margen demasiado amplio para hacer su propia interpretación, lo que fue criticado ayer por la oposición en la Cámara de Diputados.

Ojalá que este conjunto de normas realmente beneficie al país, cuyo aparato de justicia es de lo más poroso, por decirlo de alguna manera publicable.

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Ayer se suscitó un encontronazo entre televisoras, que sin duda augura una guerra más intensa en el sector este año en el que deben redactarse las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Por una parte, Dish, que preside Joaquín Vargas, envió una carta al IFT solicitando que declare a Grupo Televisa y empresas que lo integran como “agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones’’.

Esto, según Dish, porque su participación nacional es mayor al 50 por ciento tanto en televisión abierta como en televisión restringida.

La reforma constitucional establece que ninguna empresa puede tener más del 50 por ciento del mercado nacional, por lo que tendrán de desincorporar activos.

Del otro lado, Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, acusó a Joaquín Vargas, de mentir “al señalar que los suscriptores de Dish cuentan con los canales de televisión abierta de forma gratuita, ya que sus suscriptores pagan una tarifa por recibir las señales de Azteca.

“Así lo confirma el hecho de que Dish haya incrementado sus tarifas a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en telecomunicaciones.’’

Azteca acusa a Vargas de torcer la reforma reciente para beneficiarse “como los vendedores piratas’’, en perjuicio de los productores de contenidos y los anunciantes de los canales 7 y 13.

Y aunque el comunicado de Azteca no lo dice textual, lo que la empresa pide es que el IFT se active y determine la violación que Dish comete a los derechos de autor.

Televisa, por cierto, no fue ajena a este debate.

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La celebración que hubo en Querétaro, en donde se realizaba la ceremonia oficial por el aniversario 97 de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hizo recordar aquel festejo, hace ya algunos años, cuando la inflación en México llegó al número mágico de un dígito, con Carlos Salinas de Gortari.

Cuando leía su discurso alusivo a la Constitución, el presidente Enrique Peña anunció que Moody’s -dijo “una calificadora’’- había elevado la calificación soberana de México a nivel de “A3”, desde “Baa1”, al considerar que las reformas estructurales aprobadas el año pasado fortalecerán el potencial de las perspectivas de crecimiento y los fundamentos fiscales.

Todos de pie, aplaudiendo.

Como antaño.