Opinión

Coaliciones ponen en jaque a las elecciones de 2015

En una extrañísima jugada, sólo posible en México, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 87 de la Ley General de Partidos; pero en el Senado, en donde debía concluir el trámite legislativo, clausuraron el periodo extraordinario antes de que el documento les fuera enviado.

Esto deja en el limbo legislativo a la reforma a dicho artículo; la modificación aprobada en San Lázaro permitiría nuevamente que en las coaliciones los partidos se repartieran a conveniencia los votos para evitar que alguno de los coaligados perdiera el registro.

Como el trámite no concluyó y, de acuerdo a la Constitución no se pueden hacer modificaciones a las leyes electorales 90 días antes del proceso electoral –el 30 de junio es la fecha límite–, entonces tendría que presentarse un recurso de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte determine cuál de las versiones del artículo 87 se debe aplicar en las elecciones de 2015.

La pregunta es quién se animará a presentar el recurso ante la Corte.

El PAN desde luego que no y el PRI, que promovió la clausura del periodo extraordinario en el Senado, no lo hará; por lo menos no hasta que el PAN haya firmado las leyes secundarias en materia energética y telecomunicaciones.

Lío gordo, pues.

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El flamante Instituto Nacional de Elecciones (INE) presentará hoy la convocatoria para la selección de los consejeros electorales en 18 estados.

Se trata del primer ejercicio que, derivado de la reforma política, el INE tendrá que cumplir con cargo a su credibilidad.

Y es que se quiera o no, el hecho de involucrar al instituto en la designación de los ahora llamados Organismos Públicos Locales –le quitaron la palabra electoral–, se abre la posibilidad de exponerlo a las prácticas políticas de negociación con las fuerzas a quienes deben vigilar, controlar y sancionar.

Acorde con lo previsto en los artículos 100 y 101 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dichos nombramientos corresponden al Consejo General del INE, a propuesta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

En ese sentido, se corre el riesgo de confirmar la politización interna que se presenta en forma de cuotas partidistas cada vez que se eligen a los propios integrantes del Consejo General.

Esto es, si la lógica de los partidos implica una repartición de espacios en el máximo órgano del INE, no sería descabellado sospechar que quieran realizar lo mismo en el nombramiento de los consejeros locales.

Así que el procedimiento debe ser lo más escrupuloso y transparente para que el INE, que encabeza Lorenzo Córdova, no cargue con la pesada loza del descrédito.