Opinión

Clientelismo electoral 2017

 
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ME. 2018: ¿Y Eruviel?

Las dádivas no son siempre ilegales, pero refuerzan la práctica de que las elecciones son una oportunidad de negocio, aunque sea en beneficio de la gente que más lo necesita. Que los gobiernos −en plural− repartan tinacos, tabletas, computadoras y monederos electrónicos en la víspera de los procesos electorales manda la señal de que a los candidatos se les debe evaluar por lo que dan −ellos o sus partidos o sus gobiernos− en lugar de lo que proponen.

En las últimas semanas en el Estado de México se han distribuido masivamente beneficios materiales a la población en zonas populares: 15 mil laptops para alumnos de educación secundaria a superior, tarjetas de vales, despensas y dinero para uniformes, entre otros bienes. Según el senador Mario Delgado (Morena), también se han entregado tarjetas bancarias para recibir “de dos mil 700 a tres mil pesos mensuales cada una” a cambio de entregar la credencial de elector. El 30 de marzo, la primera dama encabezó un evento en el auditorio de Tecámac para inaugurar una universidad para adultos mayores y repartir becas (el espacio tiene capacidad para 13 mil personas).

La entrega de dádivas y apoyos materiales no es exclusiva del PRI. Una madrugada de mayo de 2016, por ejemplo, el delegado de Coyoacán, Valentín Maldonado, repartió tinacos para conseguir votos a favor del PRD en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Hace dos semanas el diputado federal del PRD, Mauricio Toledo, y el mismo delegado de Coyoacán hicieron eventos masivos para entregar carriolas (no hay elección en puerta pero parece un estilo de ganar adeptos). Como una feria del juguete: la política ahora es repartir y repartir, ya sean chamarras o varillas.

El gobernador del Estado de México ha dicho que nada es ilegal, sino parte de la política social, y ha criticado a los opositores de querer suspender el apoyo a la población. Tiene razón en parte. La ley electoral establece que a partir de que inicien las campañas políticas (ayer) queda prohibida “la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”, lo cual incluye la difusión de cualquier logro de gobierno, incluyendo programas sociales. Pero antes de esta veda no se prohíbe la publicidad de gobierno.

Aunque no haya una violación abierta a la ley, hay dos problemas. El primero, que la política social requiere planeación y atacar causas estructurales. Repartir dádivas no parece la mejor ruta para combatir las causas de la desigualdad, sino sólo paliativos para generar empatía con la población y motivar su voto a favor del partido en el poder. Segundo, que ya se sentaron las bases del litigio de anulación de la elección en caso de que gane el PRI por un estrecho margen. Aunque sea legal en un sentido literal la actividad frenética de las últimas semanas, el ritmo y la concentración temporal de los apoyos sociales es atípico: funcionarios del gobierno federal, especialmente de la Sedesol, han visitado al menos 20 veces la entidad y se han realizado más de 100 eventos en los últimos meses.

Si gana el PRI, los afectados argumentarán que se constituyó una causal de nulidad abstracta por el uso masivo de recursos gubernamentales para apoyar a un partido. El Tribunal Electoral se verá presionado –aunque no haya una causal explícita referente al gasto de política social– para tomar en cuenta los reclamos. Si no toma cartas en el asunto, la elección de 2018 se podría salir de control.

En las próximas semanas continuará el activismo social del gobierno. Según Animal Político, Eruviel Ávila firmó un decreto para que continúen 64 programas sociales durante el proceso electoral. Aunque no haya difusión en medios, los programas incluyen transferencias directas de dinero o bienes, como desayunos y becas escolares, bienes muebles y materiales de construcción, lo cual será usado por sus adversarios para acusar al gobierno de querer comprar la elección.

Que haya clientelismo electoral no significa que haya compra del voto. Éste implica que efectivamente la persona que recibe una dádiva cambie su voto a cambio y como el voto es secreto su impacto es limitado. Asimismo, que haya clientelismo electoral no significa que las elecciones se compren: sólo entre 5.0 y 20 por ciento de la población es susceptible de estos intentos que no son determinantes.

El problema es que el intento de los partidos por influir en el voto mediante dádivas es muy costoso y destruye la naturaleza de las campañas. Éstas se vuelven una feria de regalos en lugar de un periodo de debate y reflexión. Y para 2017 el problema central será el poselectoral si gana el partido en el gobierno.

Twitter: @LCUgalde

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