Opinión

Claridad y transparencia

 
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Billetes falsos

¿A cuánto asciende la deuda pública? ¿Cuál es el déficit público? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los estados? ¿Cuál es el monto de la deuda estatal? ¿Cuántos recursos dedica el gobierno a la inversión? ¿A gasto corriente? ¿De dónde salen los recursos del gobierno? La respuesta a estas preguntas es 'pende'. Todo depende.

No es que la información no exista. Puede ser que exista, pero está esparcida en diferentes organismos, en diferentes páginas de internet.

No se sabe a qué hacen referencia los términos específicos, la metodología no es clara o es diferente a criterios internacionales.

La correcta comunicación de las cifras oficiales de datos fundamentales para la economía como crecimiento, pobreza, finanzas públicas o deuda, facilita el análisis y contribuye a la claridad y a la transparencia.

Entre más difícil sea encontrar los datos o dilucidar a qué se refieren determinados términos por la falta de definiciones claras u homogéneas, mayor percepción de opacidad.

El Inegi ha desempeñado en los últimos años un buen trabajo de generación y difusión de información. Pero hay áreas que puede mejorar. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se distingue el empleo formal del informal, pero el dato de formalidad no coincide con el dato reportado por el IMSS.

La información tiene que ser oportuna. Los datos de crecimiento de los estados se emiten con un rezago importante y con una medición distinta a la producción agregada. Seguramente se tratará de un problema técnico, pero complica un análisis oportuno de la situación económica estatal. A nivel nacional, el Inegi calcula un índice de productividad, variable relevante para el crecimiento y desarrollo de un país. Sin embargo, no existe el mismo dato a nivel estatal.

Entender los datos de las finanzas públicas es todavía un reto mayor. No basta con encontrar los datos, tarea que no es menor, hay que saber exactamente qué comprende cada uno. Al buscar información sobre deuda en la página de la Secretaría de Hacienda, encontramos datos sobre la deuda pública. Esta deuda incluye los pasivos del gobierno federal, de las entidades públicas de control presupuestario directo y de la banca de desarrollo. No incluye la deuda de los estados, que hay que buscar en otras bases de datos. Pero esa información no corresponde a la totalidad de la deuda estatal, sólo a la que se registra con Hacienda.

Hoy en día en los estados se pueden determinar proyectos de inversión, que a pesar de ser financiados con deuda, no se consideran deuda.

Estos proyectos se extraen de la administración pública estatal, se ponen en un fideicomiso cuyo fiduciario es una empresa privada y se vuelven un asunto privado. Nadie puede saber ni cuánto se debe, ni en qué se están usando los recursos, ni los proyectos de inversión que se seleccionan.

Recientemente surgieron los 'bonos educativos', los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN) creados para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. Este programa busca bursatilizar proyectos equivalentes a 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para que en los siguientes tres años se obtengan hasta 50 mil millones de pesos para el fin mencionado. Estos bonos no son bonos, para serlo tendrían que ser emitidos por el gobierno federal y en este caso los emitirá Banobras. No tengo duda de que estos bonos podrán generar beneficios, pero se desconocen elementos importantes de su funcionamiento como la tasa de interés, las reglas de uso de los recursos y la cobertura que tendrán. Es deuda, pero optamos por no llamarle así.

Existe el mismo problema al analizar los ingresos del gobierno. En el último año la recaudación por el concepto de “aprovechamientos” se incrementó 40.7 por ciento. Los aprovechamientos son, de acuerdo a Hacienda, recargos, multas y demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos o productos. Es prácticamente imposible conocer mayor desglose sobre estos ingresos. También hay un rubro de “otros”, en los que evidentemente no es clara la fuente de esos recursos.

La dificultad en la comunicación de cifras relevantes para la economía del país, particularmente en las finanzas públicas, pone un velo de opacidad que complica su análisis. Son recursos públicos, tanto su recaudación como su uso tienen que ser revelados con transparencia.

No sólo con transparencia, también con claridad.

La autora es profesora de Economía en el ITAM e investigadora de la Escuela de Negocios en Harvard.

Twitter: @ValeriaMoy

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