Opinión

Censura, la persistente cultura autoritaria

 
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Leonardo Curzio. (Cuartoscuro)

No cesaron a Leonardo Curzio, él renunció a seguir conduciendo Enfoque Noticias, pero la censura fue la razón de su salida. No sólo nos quedamos sin una voz culta, inteligente y crítica, al tiempo que equilibrada y contraria a las estridencias, sino que nos recuerda cuán frágil es nuestra democracia, qué vulnerables son nuestros espacios de deliberación plural y cómo está amenazada nuestra libertad de expresión. La renuncia se produjo por el rechazo del también director de noticias de Radio Mil a aceptar la petición de los dueños de cancelar la tertulia política que tenía desde hace doce años con dos destacados comentaristas, María Amparo Casar y Ricardo Raphael.

No nos sorprende la integridad de Curzio, sí resulta preocupante que sigamos siendo testigos de estas prácticas contrarias al más esencial principio de apertura frente a voces críticas, o disidentes, lo que es esencial para la convivencia pacífica. Tal parece que lo que hemos logrado en competencia y pluralidad políticas no ha podido desterrar estos actos de aniquilación de la diversidad de opiniones, propios de una cultura autoritaria que creíamos erradicada.

La justificación que dieron los dueños de la empresa radiofónica fue que había caído la audiencia de la mesa política. Sabemos, en cambio, que el noticiero estaba ubicado entre los seis más escuchados y en redes sociales se hablaba ampliamente de la tertulia, con todo tipo de comentarios, lo que es lo deseable. ¿Por qué la empresa prefirió quedarse sin un colaborador, profesionalmente muy reconocido, que durante 18 años le retribuyó buenos dividendos económicos y altas dosis de credibilidad? Si el argumento esgrimido fue de orden comercial, no puedo pensar sino que existe algún tipo de compensación por lo que perderá Radio Mil con esta renuncia.

No se requiere ser muy perspicaz para saber que detrás de los argumentos comerciales hay razones de interés político que motivaron la supresión del espacio. Hay antecedentes de manifestaciones de reprobación por parte del gobierno de las actividades profesionales que viene desarrollando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar, porque resultan incómodas para el poder.

No es la primera vez que empresas radiofónicas optan por invocar razones de interés comercial como coartada para legitimar que se anulen espacios de opinión opuestos a las posturas gubernamentales. Así sucedió el año pasado con Carmen Aristegui. La tentación de recurrir a estas medidas autoritarias crece en contextos de cambio de gobierno como el que vivimos.

Puedo asegurar que la salida de Curzio traerá una merma a la credibilidad de la empresa de radiodifusión NRM, por lo que sospecho que con algo habrán de equilibrar tales pérdidas, como una mayor oferta de publicidad oficial.

De acuerdo con el estudio reciente de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre el gasto en publicidad oficial del gobierno actual, salta a la vista lo elevado de los recursos que destina para promocionarse –37 mil 725 millones de pesos–. Además, es posible identificar dos fenómenos recurrentes: 1) que a medida que avanza el sexenio se incrementa el dinero asignado a dicho rubro, y 2) que los montos que se erogan siempre son superiores a los que se presupuestaron originalmente. Así, mientras que en 2013 se aprobó un gasto en publicidad oficial de cinco mil 481 millones, se ejercieron ocho mil 154 millones (49 por ciento más); en 2016 se presupuestaron cuatro mil 580 millones, pero se gastaron 10 mil 698 millones, esto es, 132 por ciento más. La constante es el sobreejercicio en un campo que sirve más que para informar a la ciudadanía sobre los programas y servicios que ofrece el gobierno, para favorecer discrecionalmente a los concesionarios, y sigue pendiente la promesa que hizo el gobierno de Peña Nieto de reglamentar dicho gasto.

Este ominoso caso de censura a la libertad de expresión no es un evento extraordinario; se enmarca en el contexto de impunes atentados contra la libertad de expresión (Article 19 tiene documentados 29 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio) y de actos como el espionaje telefónico contra de comunicadores a través del uso del software Pegasus en posesión de dependencias gubernamentales, que fueron denunciados en mayo pasado por el New York Times y sobre los cuales seguimos sin tener resultados de las investigaciones abiertas.

La vulneración a la pluralidad de opiniones no es un agravio menor, debemos demandar que no se repita.

Opine usted: jacpeschard@yahoo.com.mx