Opinión

Caso Ficrea, una ley que saldría muy cara

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Congreso propone fondo con recursos de contribuyentes para el caso Ficrea

No es cierto que lo que se puede resolver con dinero es barato. No lo es, por ejemplo, en el caso del “rescate” de los ahorradores de Ficrea, la sociedad financiera popular (Sofipo) que pasó de ser la segunda en ese sector al vivo ejemplo de un país que se niega a aprender de sus errores.

El Congreso de la Unión se apresta a “resolver” un problema generando una crisis. Así son los legisladores. Tan pronto como mañana podrían discutir en el Pleno de San Lázaro un proyecto de modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que incentiva la cultura del no pago, cancelará opciones de ahorro para comunidades, encarecerá el crédito a pequeños ahorradores y dará un golpe a un sector que mueve recursos por más de 20 mil millones de pesos. Como si el horno estuviera para bollos.

Y todo por la combinación de un coctel explosivo en el que se entremezclan al menos dos incompetencias de las autoridades, un vivales con muchos cómplices, cierta voracidad de algunos ahorradores y la proclividad de los legisladores por lanzar iniciativas sin antes pedir retroalimentación a expertos en el tema.

Lo peor es que los diputados saben todo lo anterior. Saben que están arreglando lo que no está roto, como dicen por ahí. El viernes, en El Financiero TV, el diputado Enrique Gracia, integrante de la comisión Ficrea, lo dijo con todas sus letras:

“La pesquisa del señor Amezcua (dueño de Ficrea) a nosotros también nos tiene intrigados, porque han transcurrido casi seis meses y no hay nadie en la cárcel. Los cuatro tipos que están en la cárcel en este momento curiosamente no son de Ficrea. ¿En dónde está Amezcua? ¿En dónde está el director general? ¿En dónde está el director comercial? ¿En dónde el director financiero? No tenemos una sola noticia de su paradero y mucho menos de su captura". http://bit.ly/1J0enMH

Exacto. Casos como el de Ficrea no existirían si la autoridad fuera competente al supervisar y al castigar. Este fraude no fue por un tema de regulación, sino de supervisión. Y hoy es un problema de impunidad.

¿Y qué hacen los diputados? ¿Investigan quién es el responsable de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no detectara un fraude por más de dos mil 700 millones? ¿Traen fritos a los de la PGR de tanto exigirles resultados en la búsqueda y captura de Rafael Antonio Olvera Amezcua? No. En vez de eso quieren cambiar una ley que al limitar a un millón de pesos los depósitos para personas físicas en las Sofipos y a cinco millones para personas morales, terminará por hacer más caro el crédito para pequeños ahorradores.

“Al limitar los depósitos de ahorro en las Sociedades Financieras Populares se propicia una ruptura en la cadena de desarrollo, eliminando la posibilidad de beneficiar a los usuarios de crédito popular y existe la posibilidad de generar un problema a nivel sistémico por la falta de liquidez de las Sofipos”, ha advertido la Amsofipo en una tarjeta informativa.

Como en otros casos, la solución no está necesariamente en más leyes, sino en la aplicación correcta de las mismas. Y en preguntarnos: ¿será justo que con dinero público se rescate al Poder Judicial de Coahuila, y a los miembros del Tribunal de Justicia del DF, que metieron lana a Ficrea (90 y 110 millones, respectivamente), cuando por ley una Sofipo no podía captar dinero de entidades públicas? (http://bit.ly/1IuP1Dj)

Ahora que, pensándolo bien, es cierto: que el Congreso apruebe sólo una partida para el rescate de los de Ficrea sería más barato que esta nueva ley.

Twitter: @SalCamarena

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