Opinión

Candidaturas independientes

No son la salvación del sistema político, pero sí una oportunidad de competencia externa a los partidos. No van a producir mejores gobernantes, pero sí pueden alentar que los partidos escojan mejores candidatos. No van a reducir la corrupción, pero sí constituyen una bocanada de aire fresco (y quizá también de demagogia) para la elección presidencial de 2018.

Hay reticencia natural de los partidos a legislar por el temor natural que les produce la competencia externa. También por el temor de que esas candidaturas se conviertan en instrumento de oportunistas o de tránsfugas de los partidos que las usen como medio de competencia desleal. Lo peor que podría ocurrir es que las llamadas candidaturas independientes sean un manjar para los políticos que pierdan las nominaciones de sus partidos.

En los próximos días —en el marco de la reforma electoral— el Congreso regulará esta figura y es muy importante que lo haga bien para no hacer nugatorio en los hechos el derecho a ser votado sin ser miembro de un partido, pero también para evitar que las reglas estimulen el oportunismo y distorsionen la naturaleza y propósito de esa figura. Algunas sugerencias:

La primera es que el número de firmas que se pidan no sea mayor del 1 por ciento para la candidatura presidencial y del 2 por ciento para gobernador, senadores y diputados, con respecto al estado o distrito por el que compiten. Se argumenta que los requisitos deberían ser análogos para formar un partido político —0.26 por ciento de afiliados respecto del padrón electoral—, pero la analogía es incorrecta. Un partido es una organización permanente que debe ratificar un umbral de 2 por ciento de los votos —ahora 3 por ciento— de cada elección para refrendar su registro, así como cumplir otras obligaciones. Una candidatura ciudadana es un evento o una manifestación temporal de participación ciudadana.

En México, las pocas entidades que han regulado las candidaturas independientes piden desde 2 por ciento (San Luis Potosí, Quintana Roo, Zacatecas) hasta 15 por ciento, como Zacatecas para diputados, aunque entre 5 y 15 por ciento para presidentes municipales. En el marco de las negociaciones de la reforma electoral, el PAN estaría sugiriendo 0.13 por ciento para la candidatura presidencial y 0.5 por ciento para el resto, mientras que el PRI 1 y 2 por ciento, respectivamente.

Umbrales bajos estimulan el oportunismo y operan en contra de los verdaderos candidatos ciudadanos: no queremos boletas con 10 independientes de los cuales muchos lo hagan por dinero o por fama o por táctica. Por su parte, umbrales muy altos desestimulan la participación. Uno por ciento para candidatos presidenciales parece razonable.

El segundo aspecto clave de la regulación son las modalidades para recolectar firmas: tanto la duración como su financiamiento. Poco tiempo hace inviable el ejercicio, pero un periodo largo genera problemas de precampañas prohibidas por la ley. Asimismo, es necesario establecer los recursos disponibles para el ejercicio. ¿Se pueden anunciar en medios electrónicos para promover su causa? ¿Cuánto se puede gastar en la logística para levantar cerca de 800 mil firmas, si el requisito fuera 1 por ciento del padrón electoral que hoy tiene casi 80 millones de mexicanos.

El propósito del tercer elemento regulador es evitar que las candidaturas independientes sean aprovechadas por políticos partidistas para su beneficio. Dado que no se puede prohibir que un miembro de un partido sea candidato independiente —porque según el Tribunal Electoral se violarían sus derechos políticos—, entonces se debe jugar con las fechas de registro para dificultar que los políticos de partido salten a las vías ciudadanas (la ley “anti-chapulín”): establecer que primero se inscriban los candidatos independientes y después los partidistas, de modo que no haya forma de que políticos profesionales se inscriban como independientes cuando sus partidos les niegan una candidatura.

El cuarto elemento versa sobre el financiamiento. Creo que éste debe ser parcial y mediante reembolso. Se argumenta que los independientes deben tener fuerza económica para competir frente a los partidos, pero eso es inexacto. La fuerza central de un candidato independiente es su atractivo ciudadano y reconocimiento público. Asimismo, las candidaturas independientes deben asumir que parte de su fortaleza radica justamente en poder fondearse de forma privada —y parte de la responsabilidad de la sociedad es ayudar a que cuenten con el apoyo necesario. Sería un contrasentido que la sociedad exija candidaturas ciudadanas pero no estuviera dispuesta a financiarlas.

Establecer un sistema de financiamiento generoso a los independientes podría estimular el oportunismo y vaciar de contenido esas nuevas figuras. Si el financiamiento es parcial y sólo reembolsable a quienes hayan superado cierto umbral de votación, entonces quienes participen lo harán como lo debe hacer cualquier emprendedor: bajo riesgo y con mucha pasión.

Pero la sugerencia más relevante es conceptual: las candidaturas independientes no son sustitutos de los partidos, sino un complemento. Es demagógico suponer que los “ciudadanos” van a salvarnos de los “políticos”, como si ambos fueran de planetas distintos.

Lo que nos salvará de la corrupción, del abuso del poder, de la mediocridad y del mal gobierno es justamente fortalecer el sistema de partidos. Ello no significa manga ancha, ni dinero ni prerrogativas adicionales. Fortalecer el sistema de partidos implica mayor rendición de cuentas, mejores reglas de nominación, depuración de sus cuadros, fortaleza, claridad ideológica y responsabilidad frente a los ciudadanos.